Malos procedimientos del Estado en cuanto al hacinamiento, retardo procesal y falta de atención médica fueron los argumentos presentados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para alegar que no se aplican los derechos humanos a las personas privadas de libertad en Venezuela.
Humberto Prado, director del OVP, asistió al cuarto día del periodo de sesiones que realiza la CIDH en ciudad de Panamá, en donde presentó un informe que demostraba los “altos niveles de hacinamiento” que se vive en ese país sudamericano.
Según Prado, en Venezuela existen 33 establecimientos penitenciarios en donde se encuentran recluidas unas 55 mil 239 personas, no obstante, dichos centros tienen una capacidad para albergar a un total de 25 mil 500 presos. Esto quiere decir que existe un hacinamiento superior al 100%.
En relación al retardo procesal la organización explicó que los 15 mil 643 juicios que registró el Ministerio Público de Venezuela, en el año 2015, presentaron alguna dilación.
Unas 8 mil 200 audiencias no fueron realizadas, porque el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no realizó el traslado de los reclusos; 4 mil 400 fueron aplazadas por la ausencia de jueces, mientras que otras 44 fueron suspendidas porque el Ministerio Público no se presentó.
La OVP dijo que la desnutrición ha sido una de las causas principales de muerte entre la población reclusa. Aseguran que no hay suficientes recursos del Estado.
Informaron que el presupuesto del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario para la alimentación de cada recluso es de 11 bolívares diarios (en la calle el dólar equivale a 4 mil 400 bolívares). Esto quiere decir que con $1 se tiene que alimentar a un promedio de 400 personas.
Por su parte, la abogada Mariana Romero indicó que se ha generado un brote de enfermedades como tuberculosis, escabiosis (sarna) y VIH, debido a la escasez de medicamentos y la “poca atención médica” que reciben los reos.
