Siete días hábiles le restan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para decidir si admite o no la denuncia que interpuso el abogado Ernesto Cedeño contra el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, por supuestas irregularidades en la gestión de $14 millones en donaciones y $68 millones en contratos por servicios profesionales del presupuesto del Legislativo.
El caso está en manos del magistrado de la Corte Cecilio Cedalise, a quien le fue asignado el expediente el pasado 16 de marzo. En la acción legal, Cedeño solicita que se investigue a De León por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir contra la administración pública y delitos electorales.
Cedeño llevó ayer nuevos datos a la Corte para que sean anexadas al expediente en calidad de pruebas. Se trata de las declaraciones dadas a La Prensa por Aquilino Vega, Celideth Acosta, Delsa Thompson, Fulvia Acosta y Héctor Marín sobre presuntos fraudes en el manejo de donativos. “Es importante no dejar las cosas en la impunidad. Ya la Corte Suprema de Justicia decidió sobre la inconstitucionalidad de las donaciones de los diputados. Eso quiere decir que una vez el fallo quede en firme, las donaciones en el futuro no se van a hacer y las que se hicieron en buena lid serán procedentes. Pero las que no llegaron a su destinatario, esas hay que investigarlas”, sustentó el jurista.
El pasado 16 de marzo, la Corte declaró inconstitucional el decreto 441 de la Contraloría que regula las donaciones y subsidios que entregan los diputados.
