Los líderes latinoamericanos responden a los escándalos de corrupción política de maneras impredecibles. El presidente brasileño Getulio Vargas se suicidó; el ecuatoriano Abdalá Bucaram huyó a Panamá, y el de Guatemala, Jimmy Morales, agregó un rasgo autoritario al género: envió tanques a las calles.
Durante los últimos dos años, Morales ha librado una batalla con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), grupo de investigación patrocinado por Naciones Unidas que ha acusado a familiares de Morales de negocios turbios y mencionó al propio Morales en una amplia investigación sobre financiamiento ilegal de campaña.
La Cicig lo acusó de recibir dinero sucio para su campaña presidencial en 2015, y recomendó que el Tribunal Supremo autorice al Congreso a desaforarlo para que pueda ser enjuiciado.
Esas no fueron medidas de algunos fiscales imprudentes. La Cicig ha recibido el respaldo del G-13, que incluye algunas de las democracias más poderosas del mundo, las que pagan por el panel.
Lo que es perturbador es que la renovada ofensiva del gobierno contra los investigadores no solo fue precipitada, sino totalmente de acuerdo con su carácter. En lugar de abordar los cargos en su contra, Morales acusó a sus acusadores. El 31 de agosto, envió la Policía Nacional y vehículos blindados a la sede de la Cicig.
Dio a los investigadores un año para concluir su trabajo y marcharse, y la semana pasada prohibió al presidente de la comisión, Iván Velásquez, ciudadano colombiano que estaba de viaje en ese momento, que volviera a ingresar a Guatemala.
Iván Velásquez
Presidente de la Cicig.
Abuso de poder
La reacción oficial fue un retroceso a los días de los generalísimos y los caudillos autoritarios que los latinoamericanos pensaban que habían quedado atrás.
Cada vez más, los votantes latinos indignados por la corrupción y los abusos de poder de los líderes elegidos están diciendo que no hay democracia sin el Estado de derecho.
De hecho, la ola anticorrupción ha llevado a la clase política a rendir cuentas en Panamá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y, tardíamente, en Guatemala también.
Los primeros investigadores de la ONU llegaron a mediados de la década de 1990 para ayudar a los guatemaltecos a cerciorarse de que la seguridad clandestina y los grupos criminales activos durante la guerra sucia de 36 años no quedaran impunes.
Sin embargo, debido a que a muchos de los guerreros sucios le siguieron políticas sucias cuando se produjo el alto al fuego, los comisionados se encargaron de poner en marcha investigaciones nacionales independientes sobre el lavado de dinero y el soborno.
Con su ayuda, los fiscales guatemaltecos llevaron a juicio a un anciano dictador por abusos contra los derechos humanos, y luego hicieron historia al expulsar a un presidente en funciones, un general retirado, por su participación en una estafa aduanera de amplio alcance.
Luego llegó Jimmy Morales, excomediante de televisión, que utilizó la indignación pública para llegar a la presidencia con el lema “ni corrupto, ni ladrón”. Ahora, está despreciando el espíritu nacional y desafiando a los benefactores y aliados internacionales de Guatemala.