Sin precisar nombres, el contralor Federico Humbert reveló ayer que su despacho denunció a otros 11 diputados de la Asamblea Nacional (AN) ante la Corte Suprema de Justicia para que los investigue por supuestos malos manejos de dinero correspondiente a planillas y contratos de ese órgano del Estado.
Cuatro diputados
A través de documentos de la Corte, este medio pudo establecer que cuatro de esos diputados son Francisco Pancho Alemán, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); Rubén De León, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Edwin Zúñiga y Mario Miller, de Cambio Democrático (CD).
Alemán y De León fueron denunciados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Contra Zúñiga fueron presentadas dos denuncias por ese mismo delito. Mientras que Miller fue denunciado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, el orden económico y contra la fe pública. La información se encuentra en el libro de repartos de la Secretaría General de la Corte, con fecha del 17 de junio de 2019.
Este medio llamó a Alemán, De León, Zúñiga y Miller a sus teléfonos móviles, para conocer su versión. La asistente de Alemán manifestó que el diputado se encontraba en una reunión. Los demás no respondieron.
De León, dos veces presidente de la AN, fue el que más recursos manejó en planillas y contratos, con $6.4 millones. Solo con la 172 llegó a contratar a más de 420 personas por $3.4 millones.
En una gira de inspección a las obras de restauración del Teatro Nacional, Humbert expresó que ante estos hechos, “hay espacios para sanciones” y que seguirán denunciando cada vez que tengan nuevos hallazgos.
La auditoría frustrada
Humbert también se refirió a lo sucedido el pasado 13 de junio, cuando la Asamblea Nacional impidió que los auditores forenses de la Contraloría siguieran auditando la planilla 080.
En virtud de esa acción, Humbert envió una nota al presidente interino de la Corte, Hernán De León, para darle a conocer de los “graves y anómalos hechos”.
Manifestó que la acción –registrada el pasado jueves– se dio en flagrante violación de las normas constitucionales y legales que otorgan a la Contraloría la atribución de fiscalizar las finanzas públicas.
En la carta, Humbert le pide al pleno de la Corte Suprema que adopte las medidas que con carácter de urgencia y de manera oportuna den fiel y eficaz cumplimiento a lo normado en la resolución de la Contraloría que ordenó la acción fiscalizadora de ese ente estatal “con estricto apego del debido proceso”. Ello, para que se “eviten conductas procesales dilatorias que causan graves daños al orden público y a los intereses del Estado”.
La Asamblea Nacional respondió la semana pasada, a través de un comunicado, que en “ningún momento se le negó ingreso a los auditores”; que solo se les informó que el Legislativo presentó ante la Corte el pasado 24 de mayo una solicitud de aclaración de sentencia, “fundamental para determinar la futura validez o nulidad de la auditoría”.