La Fiscalía Anticorrupción de Descarga, a cargo de Javier Mitre, y Daphne Larissa Burgos Reyes, exjefa de Recursos Humanos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), firmaron un acuerdo de pena en la investigación por presunto uso de fondos públicos en el manejo de un call center para hacer campaña a favor de Cambio Democrático (CD) en 2014.
El acuerdo No.13 de 27 de septiembre de 2018 establece que la exfuncionaria acepta la comisión de los delitos investigados y se le impuso una pena de 36 meses de prisión.
Burgos Reyes es vinculada al proceso por la declaración indagatoria que rindió Giancarlo Terán, el cual señaló que la entonces jefa de Recursos Humanos del MICI le dijo que había recibido una llamada de María Cristina González (exdirectora del Servicio Nacional de Migración) pidiendo que regresara a la empresa Consultores y Mercadeo de Panamá (call center), para hacer un trabajo importante.
Terán señaló a la fiscalía que Burgos le dio instrucciones de que cobraría su salario en el MICI, pero que tenía que laborar en el call center. Terán también recibió salarios de la Asamblea Nacional.
Según la fiscalía, Burgos incurrió en la infracción del deber de velar por los bienes del Estado.
El Juzgado Decimocuarto Penal le negó un pedido a Burgos para que se le modificara la medida cautelar de impedimento de salida del país.
La audiencia preliminar por este caso se realizará mañana, 13 de noviembre. También se encuentran imputados María Cristina González y Luis Eduardo Camacho González, viceministro de Comercio Interior en el gobierno pasado.