Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, endureció su política represiva contra las drogas mediante un decreto del gobierno que faculta a la Policía a decomisar hasta la dosis mínima de consumo.
El presidente Iván Duque firmó ayer lunes la polémica orden que le da “herramientas a la Policía” para “destruir” cualquier cantidad de estupefacientes en las calles, incluida la de marihuana o cocaína de uso personal que está despenalizada desde 1994.
La fuerza pública podrá “destruir la droga en las calles de nuestras ciudades; destruir cualquier dosis”, dijo el mandatario, alegando un “alarmante incremento” del consumo interno, que no sustentó en cifras.
Sin embargo, quien sea descubierto con el mínimo tolerado de sustancias prohibidas, no irá a la cárcel aunque quedará expuesto a multas.
La medida - que a ojos de los expertos supone un retroceso en la tesis internacional que venía sosteniendo Colombia sobre el fracaso de la persecución a las drogas - fue recibida con críticas por organizaciones independientes que han estudiado el fenómeno.
Isabel Pereira, coordinadora de política de drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, alertó, por ejemplo, sobre “los sobornos y abusos de la Policía” que podrían desencadenarse en las capas sociales pobres.
Tras casi cuatro décadas de combate frontal al narcotráfico con el apoyo y vigilancia de Estados Unidos, Colombia aún es el mayor proveedor de cocaína del mundo. En 2017 alcanzó el récord histórico de 171 mil hectáreas de narcocultivos, según la ONU.
El gobierno de Duque está empeñado en revertir esta tendencia a través de la reanudación de las fumigaciones aéreas de narcocultivos.
