La fiscalía guatemalteca y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) pidieron retirar la inmunidad al magistrado Eddy Giovanni Orellana Donis, a quien acusan de haber recibido un apartamento como soborno para evaluar favorablemente a integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia.
Orellana funge como magistrado presidente de una sala de apelaciones del ramo Civil y Mercantil y la fiscalía lo señaló por cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
La propiedad que presuntamente recibió está valuada en unos 335 mil dólares y al parecer le fue entregada por empresas vinculadas a Roberto López Villatoro, un abogado y empresario conocido por supuestos actos de tráfico de influencias. La fiscalía confirmó que ha pedido a un juez que prohíba a López salir del país y así facilitar la investigación.
Los detalles fueron revelados por Iván Velásquez, titular de la Cicig, en conferencia de prensa.
Según las primeras investigaciones, López intentó adquirir el apartamento por medio de representantes que a su vez se hicieron del lugar sin pagárselo a sus dueños originales. Cuando estos reclamaron y amenazaron con denunciar al empresario, abogados de López les informaron que tenían influencias en las cortes. Casi un año después, al no poder recuperar la propiedad, los dueños aceptaron un pago de 122 mil dólares por el inmueble e hicieron la escritura a nombre de Orellana.
“Existen indicios razonables que evidencian cómo los bienes inmuebles referidos fueron entregados como dádiva o beneficio patrimonial al magistrado a cambio de promover los intereses de López en el proceso de las Comisiones de Postulación (del año 2014-2019) y favorecer la elección de ciertas personas allegadas a su persona”, agregó Velásquez.
Las primeras pesquisas determinan que Orellana revisó señalamientos en expedientes de los actuales magistrados titulares, incluida la presidenta de la Corte.
