Chile enfrentó ayer una nueva jornada de manifestaciones, tras un estallido social que suma 18 muertos y que no cede, en un país donde muchos quieren retornar a la normalidad mientras otros optan por seguir en las calles en busca de un profundo cambio del sistema económico.
Ante la multiplicación de denuncias de supuestos abusos por parte de las fuerzas del Estado, que desde el sábado están en las calles, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que había “decidido enviar una misión de verificación para examinar” la situación en el país.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización ayer, pero por la mañana muchos acudieron a sus trabajos en el centro de Santiago y el comercio abrió tímidamente sus puertas.
Algunas de las medidas de Piñera
En un intento por bajar la presión, el presidente Sebastián Piñera informó de un plan para terminar con los toques de queda, impuestos por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque esa medida se decretó para ayer por sexto día consecutivo en varias regiones del país. “Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país”, dijo el mandatario en un mensaje a la prensa.
El canciller chileno, Teodoro Ribera, confirmó por su parte que el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunirá el 16 y 17 de noviembre en Santiago, tal y como estaba previsto.
Custodiadas por el ejército, tres líneas del metro metropolitano funcionan parcialmente. A ellas se suman unos 6 mil autobuses que en la superficie intentan compensar la paralización de las otras cuatro líneas del subterráneo.
Algunos supermercados abrieron sus puertas pero solamente hasta la 3:00 p.m. En días anteriores hubo intentos similares de retomar la rutina, aunque la tranquilidad se esfumó al caer la noche.
Durante la madrugada, los disturbios se calmaron en el centro de Santiago, aunque en la periferia la situación seguía tensa, con nuevos saqueos e incendios pese al estado de emergencia y los militares en las calles.
5 de las 18 muertes reportadas son atribuidas a las fuerzas del Estado. El último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos contabiliza, además, 535 heridos –239 por armas de fuego– y 2 mil 410 detenidos.
