El Primer Tribunal Superior de Justicia acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Rubén De León y determinó que su caso debe ser ventilado por la Corte Suprema de Justicia.
El fallo, con fecha del 9 de agosto de 2019 y bajo la ponencia de la magistrada Olga Rujano, acoge un amparo de garantías contra la jueza de garantías Clara Montenegro, que dispuso realizar una audiencia de imputación y aplicación de medidas cautelares a De León por presuntas anomalías en el manejo de las planillas de la Asamblea Nacional (AN).
La decisión da cuenta de que en el proceso consta una copia autenticada del Tribunal Electoral (TE), en la que se certifica que De León fue electo como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en los comicios electorales de mayo pasado, para el periodo que va del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.
Asimismo, el fallo explica que al ser miembro del Parlacen, a Panamá le es aplicable su tratado constitutivo y, por ende, los diputados de dicho organismo gozan de los mismos privilegios que los diputados de la AN.
Los magistrados también citan la Constitución, respecto a que los diputados solo podrán ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
A juicio de los magistrados del Primer Tribunal de Justicia, la decisión de la jueza de garantías Clara Montenegro de fijar una audiencia de imputación y medidas cautelares a De León viola la garantía del debido proceso, ya que, por ser diputado del Parlacen, únicamente puede ser investigado y enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia.
Por lo tanto, el fallo revoca la orden de la jueza de celebrar la audiencia de imputación a De León.
La decisión del Primer Tribunal recalca que la jueza Montenegro sostenía que la audiencia a De León era viable, ya que aún no había tomado posesión como diputado del Parlacen, pero este argumento puede constituirse en un obstáculo para que el investigado asuma ese cargo, ya que la aplicación de medidas cautelares podría impedírselo.
De León también presentó una advertencia de inconstitucionalidad y un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia.
El caso que sigue el Ministerio Público al exdiputado de la AN tiene su génesis en el cobro de cheques vinculados a las planillas de la Asamblea Nacional.
Esto, a raíz de que la ciudadana Sumari Chong, quien se identifica como víctima, testificó ante la Fiscalía Anticorrupción, que lleva el caso, que recibió poco más de $15 mil –en dos transferencias bancarias– de su tía política Rubiela Pitano, y que ese dinero no le pertenece y que se presume provenía de la Asamblea.
