Oposición y oficialismo en Argentina impulsan acciones para frenar mediante ley o juicio político un polémico fallo de la Corte Suprema que reduce las condenas a los acusados de crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983).
El pasado miércoles el Tribunal Supremo dictaminó por tres votos a favor y dos en contra beneficiar con una reducción de pena a un represor condenado por secuestro y tortura de opositores durante la dictadura. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que “la ley del 2x1 fue nefasta” para el país.
El fallo del Supremo “reabre más heridas que lo que pueda reconciliar”, dijo ayer Pinedo al proponer un proyecto de ley que excluya de todo beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Organismos de derechos humanos alertaron que el fallo abre las puertas para que soliciten el mismo beneficio cientos de condenados y otros tantos que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En medio del fuerte rechazo social al fallo, las reconocidas organizaciones humanitarias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron para el miércoles una marcha de repudio. Estas activistas impulsaron un pedido de juicio político contra los tres magistrados que votaron la decisión.
El Gobierno, a través del jefe de gabinete, Marcos Peña, repudió el fin de semana la decisión que considera “un símbolo de la impunidad en Argentina”. El presidente argentino, Mauricio Macri, se mantuvo en silencio.
El tribunal decidió aplicar la semana pasada el llamado “2x1”, al ex agente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión- porque estuvo preso poco más de nueve años por su participación en el secuestro y tortura de cinco personas en 1976.
