Tribunales que emiten leyes, congresistas con agendas de gobernantes y un gobierno que agita a la sociedad para presionar a las instituciones: bienvenidos al Brasil de Jair Messias Bolsonaro, donde las funciones de cada poder chocan cada vez más con las de sus vecinos.
Bolsonaro y los jefes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF) acordaron en mayo firmar un “Pacto por Brasil” a modo de tregua, después de manifestaciones que tomaron por blanco a los poderes Legislativo y Judicial.
La idea fue abandonada, ante nuevas estocadas.
“No nos hace falta un pacto de papel. El pacto que nos hace falta (...) es el de nuestro ejemplo, de votar temas, presentar propuestas que huyan del populismo”, declaró Bolsonaro.
“Respeto todas las instituciones, pero encima de ellas está el pueblo, mi patrón, a quien debo lealtad”, tuiteó después de otros actos de apoyo a su ministro de Justicia y exjuez Sergio Moro. Ese ícono de la lucha contra la corrupción se halla a la defensiva desde la divulgación de mensajes que cuestionan su imparcialidad en la condena del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
La política en Brasil está “pasando por una transformación muy grande y difícil de entender... El cambio tiene mucho que ver con el clima de crecimiento del conservadurismo, de la derecha más truculenta desde el punto de vista verbal y de sus métodos”, afirma Sylvio Costa, de Congresso em Foco, un sitio especializado en asuntos legislativos.
Las polémicas se acantonan hasta ahora esencialmente en las redes sociales. Pero la crispación crece en un país con 13 millones de desocupados y casi 5 millones que desistieron de buscar empleo.
Al llegar al poder en enero, Bolsonaro prometió gobernar ignorando a los partidos políticos, identificados con los escándalos de las últimas décadas.
Pero rápidamente su gobierno se convirtió en terreno de ajuste de cuentas entre los sectores ultraconservadores y los militares, con saldo hasta ahora de cuatro renuncias o destituciones en su gabinete. Se vio entonces emerger al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, como articulador de grandes reformas. Los parlamentarios infligieron además al Ejecutivo derrotas en temas de gran repercusión. El Senado, por ejemplo, rechazó los decretos presidenciales de flexibilización del porte de armas.
Tras el anuncio del “pacto” entre poderes, Bolsonaro advirtió a Maia: “con una lapicera yo tengo más poder que usted. Usted puede hacer leyes, yo tengo el poder de firmar decretos”.
Pero en junio, ante el inesperado dinamismo del Congreso, se preguntó: “¿Quieren convertirme en la reina de Inglaterra?”
El STF representa otro frente que pone a prueba la resistencia institucional de Brasil: el país vivió el impeachment de dos presidentes (Fernando Collor y Dilma Rousseff); un tercero (Lula) que purga casi 9 años de cárcel, y un cuarto (Michel Temer), arrestado dos veces por sospechas de corrupción.
Un fallo suspendió en junio la transferencia de la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura y otro criminalizó la homofobia, contrariando tanto a Bolsonaro como al Congreso.
El STF no escapa a la crisis de confianza que afecta a las instituciones. Según una encuesta de Datafolha, 29% de los brasileños dicen “no confiar” en la Presidencia; 32% en el Supremo, y 41%, en el Congreso.
Mandatario brasileño favorece el trabajo infantil
Jair Bolsonaro protagoniza una nueva polémica al defender el trabajo infantil echando mano a su ejemplo personal: “Trabajo desde los ocho años (...) y hoy soy lo que soy”. “Miren, trabajar en el campo a los 9 o 10 años no me perjudicó en nada. Cuando un niño de 8 o 9 años de edad trabaja en algún lado muchos denuncian el ‘trabajo forzado’ o el ‘trabajo infantil’. Pero si ese niño fuma pasta base nadie dice nada”, declaró. Brasil prohíbe el trabajo de los menores de 16 años, excepto para los aprendices, que pueden comenzar a los 14.
