La fiscalía brasileña presentó ayer una acción civil contra el Partido Progresista (PP, derecha), aliado del gobierno, pidiéndole que devuelva más de 700 millones de dólares por su participación en el esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
Numerosos empresarios, políticos y exdirectivos de la estatal ya enfrentan procesos criminales en el marco de la operación Lava Jato, que investiga la red de corrupción que desvió cifras millonarias de la estatal.
Pero es la primera acción de este tipo que los fiscales formulan contra un partido político. La suma reclamada al PP supera los 2 mil 300 millones de reales (unos 732 millones de dólares al cambio actual) y contempla los sobornos que el partido recibió o transfirió durante su actuación en el esquema, así como multas civiles y por daños morales colectivos.
La acción civil pide además que 10 políticos de esta fuerza -algunos diputados y otros exdiputados- pierdan sus cargos y tengan los derechos políticos suspendidos. El PP ha integrado la base aliada de todos los gobiernos recientes en Brasil, incluyendo el del actual presidente, Michel Temer (PMDB, centro), donde controla los ministerios de Salud y Agricultura. La operación Lava Jato, lanzada hace tres años, develó un gigantesco esquema de licitaciones fraudulentas y sobornos.
