El próximo lunes, 10 de junio, el pleno de la Asamblea Nacional empezará la discusión del proyecto de ley 778, que crea el bono extraordinario para los jubilados y pensionados del país.
La discusión en segundo debate se producirá luego de que ayer –en medio de vítores y aplausos de los jubilados y pensionados– la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social lo aprobó en primera discusión.
La comisión decidió que el bono de $100, para cerca de 245 mil jubilados y pensionados, podrá ser canjeado en los bancos estatales y usado para compras en locales comerciales o el pago de servicios en entidades públicas.
Se aprobó que el pago del bono se haga efectivo “a más tardar el próximo 31 de agosto”, es decir, dos meses después de que el gobierno de Laurentino Nito Cortizo asuma sus funciones.
Los fondos saldrán de los ahorros que aportará el gobierno central, “provenientes de los gastos de funcionamiento que se proyectan en la ejecución presupuestaria del segundo semestre del presupuesto de 2019”, señala el documento.
La bonificación, que será uniforme y única, beneficiará a los pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) y los jubilados del Estado.
De igual forma, se estableció que el bono podrá ser utilizado como garantía para el cumplimiento de cualquier obligación, transacción bancaria y fianzas contractuales con el Estado, así como para garantía judicial. Asimismo, podrá ser convertido en efectivo mediante su venta a personas naturales o jurídicas y entidades.
Entre las entidades y locales se cita cualquier comercio local en general con aviso de operación debidamente constituido, e instituciones gubernamentales de carácter financiero como la CSS y la Caja de Ahorros, el Banco Hipotecario, el Banco Nacional de Panamá, o el Banco de Desarrollo Agropecuario. También se podrán cambiar en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, al 100% de su valor.
El presidente de la comisión, Crispiano Adames, dijo que el tema ya fue hablado con las autoridades entrantes, puesto que el mecanismo de pago que planteaba el actual gobierno –con fondos provenientes de procesos judiciales por delitos contra la administración pública– era “incierto”.
