Bolivia denunció ayer que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, intervino en sus asuntos internos cuando se pronunció en redes sociales contra un recurso legal que el presidente Evo Morales presentó el mes pasado ante el Tribunal Constitucional (TC) para que lo autorice a postularse para un cuarto mandato consecutivo en 2019.
El ministro boliviano de Justicia, Héctor Arce, acudió al Consejo Permanente y señaló que el pronunciamiento de Almagro vulnera los principios de la OEA y lo “convierte en exponente de intereses intervencionistas foráneos”.
Almagro publicó en Twitter el 22 de septiembre: “@evoespueblo deberá respetar decisión popular q dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”.
Legisladores oficialistas pidieron en septiembre pasado al Tribunal Constitucional que declare inaplicables las normas de la Constitución que ponen límite al periodo de las autoridades electas, meses después de que Morales perdiera por un estrecho margen un referendo que lo inhabilitó para volver a postularse, algo que le prohíbe la Constitución de 2009.
Arce argumentó que el tuit buscó influir en el tribunal y que el recurso legal cumple los preceptos legales, ya que el resultado del referendo de 2016 no puede considerarse cosa juzgada.
El jefe de Gabinete, Gonzalo Koncke, quien asistió a la sesión en representación de Almagro, respondió que “existe consenso respecto a que la democracia se construye en el respeto a la voluntad popular” y que el resultado del referendo rebate el argumento de que la apelación ante el TC busca proteger los derechos políticos de funcionarios a ser reelectos. Arce planteó que prohibir la reelección contraviene el derecho —de Morales y otros funcionarios— de ser elegidos y tener acceso a las funciones públicas de su país, contemplados en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El constitucionalista con perspectiva de derechos humanos Bjorn Arp dijo que el alegato de Morales es el mismo con el que el presidente Daniel Ortega logró que la Corte de Nicaragua le permitiera reelegirse en 2010.
“Decir que prohibir la reelección atenta contra los derechos políticos del presidente en funciones es un argumento perverso”, señaló Arp, quien aún espera respuesta desde que en 2010 pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretar el artículo 23 de la Convención Americana. “La CIDH no hizo nada y la terrible consecuencia ahora es que Bolivia saca el mismo tema”, estimó.