La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, redobló ayer las críticas contra las sanciones de Estados Unidos (EU) a Venezuela, un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera de que pueden ser “mucho más duras”.
Bachelet también volvió a cargar contra el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de violentas medidas contra la disidencia.
“Me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en EU puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”, estimó Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estas afirmaciones tienen lugar al día siguiente del anuncio de nuevas sanciones por el Departamento del Tesoro estadounidense.
A principios de marzo, Bachelet ya denunció las sanciones internacionales contra Venezuela, aunque en aquel momento no mencionó ningún país en particular.
EU y unos 50 países han reconocido al jefe del parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.
Michelle Bachelet
Alta Comisionada de la ONU
Para aumentar la presión, Washington impuso a Venezuela sanciones económicas y decretó un embargo sobre el petróleo, exportación crucial para la economía del país, que tiene que entrar en vigor el 28 de abril.
EU no es miembro del Consejo de Derechos Humanos, pero Carrie Filipetti, secretaria de Estado adjunta para los casos interamericanos, que se encontraba en Ginebra, indicó que las sanciones estadounidenses no tenían como objetivo perjudicar a la población venezolana.
“Hemos intentado orientar nuestras sanciones lo máximo posible para que afecten al régimen y preserven a los venezolanos”, dijo.
Visita
Bachelet instó ayer a encontrar una “solución política” a la crisis venezolana. Entretanto, su oficina envió una “misión técnica” con vistas a preparar una posible visita de la Alta Comisionada.
“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, dijo Bachelet.
En junio, Bachelet debe publicar un informe sobre la situación en Venezuela, pero la expresidenta chilena ya denunció la “reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas”.
“En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales”, prosiguió la responsable, incluyendo “el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas”.
La oficina de la Alta Comisionada analizó las informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
En 2018, al menos 205 muertes fueron atribuidas a las fuerzas especiales de seguridad venezolanas y otras 37 fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, dijo Bachelet.
El embajador venezolano en el Consejo, Jorge Valero, afirmó por su parte que Venezuela reconocía el “derecho a manifestar”, pero explicó que las recientes protestas eran “actos vandálicos y criminales [...] promovidos por un sector violento de la oposición financiado por el exterior”.
Añadió además que la crisis en el país era una consecuencia de la “guerra económica contra Venezuela”.
