Familiares de los desaparecidos y asesinados de la dictadura militar (1968-1989) aplaudieron ayer la decisión del Gobierno de presentar finalmente ante la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que establece “el 9 de junio como día cívico de reflexión por las víctimas del régimen”.
Maritza Maestre, del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego, dijo que si bien en los últimos años lucharon para que se estableciera un día nacional, decidieron aceptar que se instituyera un día de reflexión.
“Lo aceptamos como día de reflexión, porque no se había logrado lo del día nacional [todos estos años], y había demorado mucho. Además, en un día nacional todo el mundo piensa en irse a la playa”, explicó.
A su juicio, un día de reflexión es lo más correcto en estos momentos. “Si seguíamos insistiendo en un día nacional, no íbamos a llegar a ningún lado”.
Explicó que escogió el 9 de junio, porque fue el día -en el año 1971- en que desapareció el padre Héctor Gallego, luego de ser detenido en plena dictadura.
El proyecto, presentado el martes por la ministra de Relaciones Internacionales, María Luisa Navarro, plantea que las instituciones públicas, semiautónomas, descentralizadas y los gobiernos locales “realizarán cada 9 de junio actos en recuerdo de las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de la dictadura militar vigente en Panamá entre 1968 y 1989”.
Igualmente, lo harán los centros educativos oficiales y particulares del país. Mientras que los medios de comunicación, controlados por el Estado, incluirán dentro de su programación contenidos que promuevan los derechos humanos y los valores democráticos.
Se establece incluir en los planes de estudio de la enseñanza básica general contenidos relativos a la instauración del régimen militar, a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante éste y a la lucha ciudadana para el establecimiento de la democracia.
Pero el aval o rechazo de este proyecto, que es considerado por el comité como un “avance” en las gestiones hechas en la Mesa de Entendimiento con el gobierno, queda en manos de la fraccionada Asamblea Nacional, integrada por 71 diputados.
