En la reforma al impuesto de inmuebles, aprobada en la Asamblea Nacional y que entrará en vigor a partir de 2019, se estableció que el Gobierno no hará avalúos de las propiedades constituidas como patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Para el resto de propiedades, solo se podrán hacer avalúos de oficio a partir de 2024.
Según el texto que fue finalmente aprobado, el valor catastral –el que se toma como referencia para calcular el impuesto a pagar– será correspondiente al 60% del valor comercial.
Además, a ese monto se le reducirá 1.33% por cada año de vida de la propiedad por la depreciación, y otro porcentaje adicional, que deberá ser definido, “según la condición física encontrada”, señala el proyecto de ley 509 aprobado en tercer debate.
