La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer un acuerdo mediante el cual desconoció los resultados del proceso del pasado 30 de julio, con el cual “se pretendió imponer una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente”. El texto también reivindica la Constitución de 1999 como “fundamento democrático de la nación”.
El acuerdo fue aprobado por la mayoría opositora y el recién creado Bloque Parlamentario Socialista, integrado por los diputados Germán Ferrer (esposo de la fiscal Luisa Ortega), Eustoquio Contreras e Ivonne Téllez, quienes abandonaron el oficialista Bloque de la Patria y ayer se incorporaron al Legislativo.
Al hacer uso de la palabra, Contreras aseguró que hay una “polarización radical” que está matando la institucionalidad del país y que se requiere una cuota mínima de humildad política, entendimiento y trabajo de todos para reconstruirlo. “[La] crisis de hoy se debe a que [la] democracia de 40 años no pudo satisfacer necesidades [de la población], pero nosotros en 17 años tampoco pudimos”, indicó.
También criticó que la constituyente fuera convocada solo “por un poder constituido” y no por el pueblo: “No podemos callar”. “Seguimos siendo socialistas y compartimos el proyecto bolivariano, nuestra diferencia está en la forma de afrontar la crisis”, alegó.
El acuerdo adoptado señala, entre otras cosas, que “el protagonismo [de las Fuerzas Armadas] en los anuncios relativos al proceso electoral, invirtiendo el principio constitucional de sujeción de la autoridad militar a las autoridades civiles” es “una muestra del militarismo que se nos pretende imponer, en contravención a los valores cívicos y republicanos plasmados en la Constitución de 1999”. Por lo anterior, la Asamblea exhortó a la fiscal general a investigar los actos criminales efectuados contra manifestantes y los delitos cometidos en la organización y realización del proceso del pasado 30 de julio. Asimismo, ratificó que el pueblo desconocerá todo gobierno “despótico” que se derive de la “ilegítima constituyente” y que hará lo necesario para restablecer la Constitución.
Una copia del acuerdo será enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y al cuerpo diplomático.
En la sesión participaron, como observadores, los embajadores de España, Francia, México y Reino Unido, quienes se reunieron con la directiva de la Asamblea. “Vienen como hermanos del pueblo venezolano a demostrar que hay una preocupación mundial por las horas que vive nuestro país”, aseguró el presidente del Legislativo, Julio Borges.
