La justicia argentina allanó ayer las oficinas de la brasileña Odebrecht en Buenos Aires, cuando se espera que la firma revele cómo repartió 35 millones de dólares que dijo haber pagado en coimas en el país, lo que podría salpicar a políticos y empresarios locales.
El juez federal Sebastián Casanello dio la orden de allanar en búsqueda de documentación en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos por la adjudicación de las obras para construir una planta potabilizadora de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) en el río Paraná de las Palmas, 50 kilómetros al norte de la capital.
Las oficinas se encuentran en el piso 32 de un edificio en el céntrico barrio de Retiro.
El fiscal Federico Delgado dio ayer un plazo de cinco días a la empresa para acogerse a la ley del arrepentido y aportar los datos que tenga sobre el pago de coimas y sobreprecios en la planta potabilizadora.
El mismo martes, el ministro argentino de Justicia, Germán Garavano, se reunió con abogados de la empresa brasileña para “recabar información que permita esclarecer el pago de sobornos a funcionarios y empresarios locales relacionados con la adjudicación de obra pública”, según un comunicado de la cartera.
Con la causa ya en manos de la justicia, Garavano dijo que “hay una orden muy precisa del presidente (Mauricio Macri) de colaborar con la justicia para saber quiénes son las personas que cobraron esos 35 millones de dólares que la propia empresa Odebrecht reconoció haber pagado en nuestro país”. Según el parte oficial, los representantes legales de Odebrecht “acercaron al Ministerio de Justicia una propuesta que deberá ser evaluada por el Estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación”.
Sin embargo, la potestad de negociar y ofrecer beneficios a imputados por delatar es exclusiva de los fiscales y jueces y no del ministro ni de la Oficina Anticorrupción que dirige la oficialista Laura Alonso.
En Argentina, Odebrecht es investigada en al menos tres grandes obras públicas.
La empresa pretende dar la información sobre las coimas que se presume podrían involucrar tanto a funcionarios del gobierno de Macri, quien fue alcalde de Buenos Aires entre 2007 y 2015, como de la anterior gestión kirchnerista (2003-2015), a cambio de no perder la adjudicación de las obras.
