El Juzgado Duodécimo Penal negó un incidente de controversia presentado por la defensa del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima contra la orden de allanamiento que dictó la Fiscalía Especial Anticorrupción a la finca La Vistada, ubicada en San Carlos, en la que el exfuncionario posee una residencia valorada en cerca de $300 mil.
En un fallo del pasado 27 de marzo, el juez Óscar Carrasquilla desestimó el recurso, presentado por el abogado Roberto Ruiz Díaz, tras considerar que no se observó que la fiscalía haya violentado el debido proceso o algunas de las garantías al investigado por las cuales se debería decretar la nulidad de la diligencia de allanamiento.
Además, el juez concluyó que el procedimiento es parte de la investigación que adelanta la fiscalía por los sobornos que pagó en Panamá la constructora brasileña Odeberecht.
El 1 de septiembre de 2017, la citada agencia de instrucción ordenó el allanamiento de la finca La Vistada.
La propiedad, ubicada en El Palomar de San Carlos, fue adquirida cuando De Lima era funcionario del MEF, por lo que las autoridades judiciales ordenaron una revisión de la forma en que había sido comprada.
De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la fiscalía, al exministro se le vincula con el caso como presunto beneficiario de $10.2 millones en coimas que pagó Odebrecht.
La fiscalía cuenta con el testimonio de Olmedo Méndez, quien, tras un acuerdo de pena y colaboración pactado con el MP, asoció a De Lima con dineros que recibió la sociedad Ralford Limited por parte de Aeon Group. Méndez confesó ser testaferro de De Lima.
También aportó el testimonio de José Luis Saiz, quien, en su acuerdo de pena y colaboración con el MP, vinculó al exministro con dineros provenientes de la sociedad Herzone Overseas Ltd., vinculada con la constructora Odebrecht.
A partir del acuerdo pactado con la fiscalía, Saiz devolvió 750 mil dólares de los sobornos.
