La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, acusó ayer en conferencia de prensa a la Contraloría General de la República de ser el brazo ejecutor del Órgano Ejecutivo para atacar al Legislativo.
Rodeada de diputados de su partido, Cambio Democrático (CD), y de sus aliados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ábrego acusó al contralor Federico Humbert de incurrir “en extralimitación de sus funciones y abuso de autoridad”, hecho que, dijo, obstruye el normal funcionamiento del Legislativo y viola preceptos constitucionales y legales vigentes.
La presidenta del Legislativo leyó un comunicado, en el que destacó que los fondos de las planillas de las que disponen los diputados para nombrar personal fueron asignadas e incrementadas por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, con el aval del Ejecutivo y el refrendo de la Contraloría, “sin objeción alguna” hasta diciembre de 2017.
Nueva auditoría
Contó que la Contraloría le notificó que hará una “auditoría forense” a la planilla 080, sin haberle informado los resultados de la auditoría concomitante que inició ese despacho en marzo pasado a esos documentos.
La presidenta de la Asamblea comunicó, además, que el Legislativo promoverá las acciones y recursos legales que le confiere la ley, con el objeto de salvaguardar su institucionalidad y autonomía. Esto, toda vez que, añadió, el Ejecutivo tiene la intención de anular la independencia de la Asamblea y una posible alianza opositora a lo interno de este órgano del Estado (con el PRD).
Denunció que el Ejecutivo aplica medidas de presión, con miras a interponer un candidato para la presidencia del Legislativo a partir del próximo 1 de julio.
La carta de Ávila
Mientras, el diputado perredista Leandro Ávila manifestó que para que la Contraloría pueda hacer esa auditoría, tiene que solicitarle autorización a la Corte Suprema de Justicia.
La Prensa reveló que la Asamblea tiene cuatro planillas: 002, para personal transitorio; 080, de personal de confianza de los diputados; 172, para el pago de contratos por servicios profesionales; y 004, personal transitorio para inversiones.
El contralor Humbert negó el refrendo de esa última planilla, alegando violaciones a la Ley de presupuesto y al Manual de Clasificación presupuestaria.
