El éxito del Canal en manos panameñas no es obra de la casualidad. Es el resultado del interés patriótico de muchos ciudadanos que, anticipándose al peligro de que el Canal fuese instrumento de la politiquería criolla, supieron asumir el liderazgo para aislar a la agencia panameña que reemplazase a la Comisión del Canal de semejante riesgo.
Pionero en ese esfuerzo fue, sin lugar a dudas, el ex administrador de la Comisión del Canal de Panamá Fernando Manfredo. Como ex funcionario de esa agencia, recuerdo las innumerables ocasiones en que Manfredo advirtió en cuanto foro fue invitado a hablar sobre el futuro de la vía en manos panameñas que, para evitar que el Canal fuese utilizado como botín político una vez fuese transferido a Panamá, había que inmunizarlo por la vía constitucional contra esa amenaza.
Sin duda que esa semilla germinó en suelo fértil, pues junto a la consolidación de la democracia el futuro del Canal en manos panameñas fue tema crucial en los diálogos nacionales de Bambito y Coronado, impulsados personalmente por el presidente Guillermo Endara Galimany, bajo el liderazgo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los encuentros de Bambito fueron dedicados a institucionalizar el diálogo político y social para consolidar la democracia e identificar temas de agenda de Estado. Y los de Coronado a buscar los “acuerdos políticos necesarios para la exitosa administración del Canal” por Panamá. Fue en este marco de estímulo hacia objetivos nacionales que se aprobaron en dos legislaciones consecutivas (1993 y 1994) el Título XIV de la Constitución que creó la Autoridad del Canal de Panamá, otorgándole autonomía administrativa y financiera, y tres años después (1997) la Ley Orgánica de la ACP, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Como quiera que la máxima autoridad de esta agencia es su junta directiva, se diseñó un método para aislarla en lo posible de la influencia política. Bajo este esquema, uno de los 11 directivos sería de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo, con el rango de ministro para Asuntos del Canal, y otro en iguales condiciones sería designado por la Asamblea Nacional.
Un parágrafo transitorio escaló el término de los restantes nueve miembros para evitar que, al menos en sus primeros años de administración por Panamá, un determinado gobierno pudiese influir en sus decisiones: el Presidente designaría a tres directores por un período de tres años; tres por seis años y los restantes tres por nueve años. Hasta ahora, esta fórmula ha funcionado bien, aunado al hecho de que todos los directivos han actuado con independencia, y ningún presidente ha intentado, hasta ahora, interferir en sus decisiones.
El actual gobierno designó a tres miembros (Rómulo Roux, José A. Sosa y Nicolás Corcione); además, le corresponderá designar a los reemplazos de tres directivos cuyo término vence en 2012 (Alfredo Ramírez, Jr.) y 2013 (Norberto Delgado y Eduardo Quirós). El periodo del actual administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, expira en 2012 y, lamentablemente, no podrá ser reelegido pues la Ley Orgánica (Art. 24) estipula que “El administrador será nombrado por un período de siete años y podrá ser reelegido por un período adicional”.
El actual administrador fue reelegido para un segundo período el 16 de agosto de 2005. No está de más decir que Alemán Zubieta ha desempeñado un papel ejemplar al frente del Canal, aun desde antes de que Panamá recibiese el Canal el 31 de diciembre de 1999, a tal punto que ha recibido el reconocimiento de su principal usuario, Estados Unidos, y de la comunidad marítima mundial.
Con base en la experiencia actual, no me sorprendería que el Ejecutivo intente influir para que la actual Junta Directiva de la ACP dilate su decisión hasta 2014, bajo el pretexto de que la ampliación requiere que Alemán Zubieta se mantenga en el cargo. Esta premisa permitiría que en 2014 el actual gobierno, con una mayoría en la junta directiva, logre imponer a un candidato del Ejecutivo como administrador de la ACP. Históricamente, la junta directiva ha ejercido su potestad legal de nombrar al administrador, sin interferencias políticas. Y al hacerlo se ha ajustado de forma responsable a su misión constitucional y legal.
