No tengo la menor duda de que el actual gobierno cuenta con el mejor equipo de expertos en el campo marítimo y logístico, y que le anima la ejecución de un ambicioso plan para superar el retraso del pasado quinquenio y enderezar el país hacia la meta de ser centro logístico regional, con las enormes oportunidades económicas que ello implica.
Para quienes visualizamos al sector marítimo-logístico como el que impulsará al país hacia el primer mundo, la propuesta de la Alianza el Pueblo Primero era interesante, por decir lo menos. Definía un plan integral (gobierno-sector privado) que incluía a todos sus componentes –marítimo, vial, ferroviario y portuario– y una coordinación a través de una secretaría bajo el Ministerio de Asuntos del Canal. Como quiera que actualmente existe un ministro de asuntos del Canal sin cartera, la propuesta implicaba la modificación de la ley de la Autoridad del Canal (ACP) para crear el ministerio y ubicar allí una secretaría que se encargaría de coordinar la estrategia logística y el plan estratégico.
El plan prometía corregir el retroceso incurrido por el pasado gobierno en materia tan crucial para el actual y futuro desarrollo del país. Abarcaba desde el aprovechamiento del potencial portuario y aeroportuario, la modernización de los procedimientos aduaneros y la revisión de la política de suelos en áreas con vocación logística, hasta la creación de ciudades marítimo-portuarias en Bocas del Toro, Puerto Armuelles, Aguadulce, Colón y Arraiján. Además, sabíamos que había empatía con la ACP en sus planes para desarrollar el puerto de Corozal y otras obras que darán valor agregado a la ruta.
En la comunidad marítima había fundada esperanza, pues el nuevo gobierno “habla su idioma” y comprende la importancia del tema logístico para la economía. Pero ocurrió lo inesperado. El 13 de noviembre de 2014, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 881, que “crea una estructura de naturaleza administrativa y de carácter interinstitucional denominada Gabinete Logístico” y el cargo de “coordinador” de la estrategia y el plan logístico.
Si bien el decreto está saturado de sustancia en cuanto a las atribuciones del Gabinete Logístico y las funciones del coordinador, el esquema organizativo no solo ignora la propuesta contenida en el plan de Gobierno, sino que crea una enorme gama de funciones y responsabilidades que no podrán ser cumplidas por una figura sin peso político ni estructura burocrática y técnica. Veamos por qué.
Distinto a la figura que se nos vendió bajo la égida del Ministerio de Asuntos del Canal, el decreto estipula que “el Gabinete Logístico tendrá un coordinador que será designado por el ministro de la Presidencia, y que estará bajo la estructura de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia”. Es decir, que la responsabilidad de dirigir el tema logístico estará en manos de un funcionario de tercer rango. ¡Ilógico desde cualquier punto de vista!
El Gabinete Logístico está integrado por los ministros de la Presidencia, Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, Obras Públicas y Relaciones Exteriores; la Autoridad Marítima, la ACP, la Autoridad Aeronáutica Civil, la Autoridad de Aduanas y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, así como por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría del Metro. ¿Tendrá suficiente capacidad de convocatoria para reunir a esos funcionarios uno de tan bajo nivel? La respuesta salta a la vista. Además, ¿qué profesional que se respete aceptaría una posición con semejante responsabilidad y escaso respaldo de capital humano y otros recursos.
Entre las atribuciones del Gabinete Logístico están las de elaborar un plan maestro nacional en materia de desarrollo logístico, requerir a los diferentes estamentos la información necesaria para elaborar el plan maestro, establecer una estrategia, desarrollar los planes, programas y metas del plan maestro, coordinar las actividades, avances y logros de los componentes, y ejecutar, en coordinación con los demás estamentos, la estrategia pertinente en todo el país.
Entre las funciones del coordinador están: planear la promoción de Panamá como plataforma logística; asesorar al Ejecutivo en esta materia, así como en la inversión en infraestructura y negociaciones internacionales vinculadas al comercio, transporte y aspectos aduaneros y fiscales; gestionar con las instituciones la confección de un inventario de los terrenos con vocación logística, y velar por la creación y actualización de un plan maestro de transporte que integre la oferta logística.
Si bien el contenido es sustancioso, el esquema organizativo diseñado, además de estar muy enfocado al nivel local, dista de ser viable. Quizás su ubicación en la Presidencia se justifique por su cercanía al centro del poder político, pero la estructura debe ser revisada para que el coordinador o secretario tenga no solo el poder de convocatoria que exige el cargo, sino los recursos técnicos y económicos para llevar adelante tan importante reto.
