La moral del funcionario público tiene tres niveles de obligatoriedad que son abrumadores, pero imperativos. En primer lugar, la moral (las costumbres) de la persona común que debe respetar y cumplir los principios fundamentales de convivencia social y los valores de la estructura familiar y social; en segundo lugar, las normas que regulan el ejercicio de la profesión (el deber/ deontología) escogida como producto de una vocación, y tercero, el cumplimiento coercitivo de los preceptos (la ley) que regulan el ejercicio del cargo público y el compromiso de servir a la sociedad a la que se debe. Nuestros diputados, o gran parte de ellos, sin distinción de partido, han quemado de una sola llamarada –al igual que Hernán Cortés con sus naves– su moral personal, el deber profesional y el compromiso de servidores públicos; como prestidigitadores han convertido su ya dudosa imagen de “padres (o madres, según el caso) de la patria” en la muy tipificada de “delincuentes comunes”.
El deterioro del Órgano Legislativo es tal que ciudadanos de reconocida trayectoria cívica y profesional declinan postulaciones; o si han detentado el cargo, rechazan la reelección por autoestima y respeto a su imagen pública. Lo que en los años iniciales de la República era un foro para el debate de ideas y principios constitutivos de la Nación en mente y verbo de pensadores, educadores y preclaros ciudadanos, hoy es un circo para escarnio de los ciudadanos que costeamos su funcionamiento y para vergüenza del país ante la opinión internacional.
Discusiones insustanciales, desconocimiento de los temas, insultos y rivalidades partidistas son la tónica de los debates legislativos sin que se avizoren soluciones a los grandes problemas nacionales. Aquello que no esté en la agenda de los intereses particulares, empresariales o partidistas carece de prioridad y los escasos proyectos que puedan ser de interés nacional son vistos con el cristal poliédrico del repartimiento. Dejando de lado su función legislativa, los diputados se han convertido en una especie de “trabajadores sociales” ocupados en la tarea de “obtener fondos” para obras comunitarias de bienestar social.
Históricos casos como “los doce del patíbulo” cuando igual número se repartió los millones producto de la venta de los equipos de la Empresa Nacional de Maquinaria; las cabildeos y comisiones para aprobar las privatizaciones; “los salpicados del Cemis”, cuyos billetes abanican nuestra precaria memoria; la ratificación de los “magistrados de la Yeya”, que pringó a todas las bancadas; las absurdas leyes para la venta de islas y playas; las suicidas concesiones mineras; los recurrentes “madrugonazos”, las ventas de exoneraciones; el nepotismo; el control de becas del Ifarhu, el repartimiento de las partidas circuitales y un sinfín de vergonzosas actuaciones colectivas e individuales son las imágenes, no precisamente digitales, que han contemplado las últimas generaciones de panameños.
El escándalo del FIS es otro eslabón en la cadena de fechorías del Legislativo, cuyos actores salen a la luz pública sólo por la estrategia de control diseñada por el actual gobierno. Con empresas fantasmas, fundaciones familiares y toda clase de artimañas jurídico–empresariales han captado, traspasado y catapultado fondos estatales e internacionales para su provecho y sus campañas proselitistas. Sin rubor han disfrazado la rapiña con el ropaje de la solidaridad y con desparpajo etiquetan sus acciones con el eufemismo de “bienestar social”.
Lo lamentable es que, a diferencia de otros escándalos como Endema, Cemis, privatizaciones o las concesiones mineras, lo actuado se hizo en nombre de los pobres, arrebatando recursos destinados a los más humildes. La apropiación de los bienes del Estado es censurable porque se trata del dinero de los contribuyentes, es una mala acción, condenable hasta con la pena de muerte en otros lugares; pero robar el techo a los desamparados, los alimentos de las guarderías, las aulas escolares, la salud a los indígenas y la protección a las madres solteras es doblemente malo: ¡Es perverso!
Concebido para lograr el “clientelismo” de los diputados, el FIS reemplazó las “partidas circuitales” para un mejor control del Ejecutivo, y sus asignaciones están en función al grado de adscripción o favores a quienes apoyan las líneas presidenciales, sin menoscabo de pertenencia a un partido. El modelo sucumbe por sus deformaciones congénitas y la corrupción fue el natural resultado. No esperamos que se elimine el FIS, a lo sumo cambiarán su diseño, pues no es pensable que el Ejecutivo estrangule su principal instrumento de manipulación de los diputados; mucho menos soñemos con que se disuelva el Legislativo para convocar una Constituyente, que es lo que necesita el país y que no es hacia donde parecen caminar las zapatillas del pueblo. A lo sumo buscarán chivos expiatorios y los reemplazarán con suplentes debidamente amaestrados mediante presiones o concesiones.
El verdadero cambio se dará cuando no tengamos que elegir entre el malo y el peor; cuando los funcionarios no sucumban ante las presiones y manipulaciones y estas se denuncien y castiguen; cuando eliminemos las limitaciones partidistas y se fortalezca la independencia electoral; cuando la escogencia de candidatos garantice los mejores y los ciudadanos sean verdaderos actores y no espectadores. Sólo entonces no sentiremos vergüenza por una clase política que rellena sus bolsillos en el nombre del pobre.
