Hace 43 años el presidente norteamericano Jimmy Carter y el jefe de gobierno de Panamá, Omar Torrijos, firmaron en Washington, D.C., el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la neutralidad del Canal y al funcionamiento del Canal. Ambos pactos entraron en vigor el 1 de septiembre de 1979, pero mientras el de neutralidad tendría vigencia indefinida, el Tratado del Canal expiraría el 31 de diciembre de 1999 con la entrega al soberano de su principal recurso.
La asunción por Panamá de su responsabilidad de manejar el Canal le impuso la obligación de prepararse. Ello implicaba la creación de una agencia libre de influencia política, que le permitiese administrar la ruta a partir del mediodía del 31 de diciembre de 1999 por lo menos con los mismos niveles de eficiencia, seguridad y confiabilidad que lo hicieron los estadounidenses.
Actuando con responsabilidad histórica, en 1993 el presidente Guillermo Endara, designó la Comisión Presidencial para Asuntos del Canal, con la misión de preparar la reforma constitucional y la ley orgánica de la agencia panameña. Bajo el liderazgo de Joaquín Vallarino, y en un ambiente de patriotismo inspirado en los diálogos de Bambito y Coronado, la Comisión produjo el Título Constitucional del Canal (1994), y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (1997).
El régimen laboral que se aplicaría fue uno de los más discutidos. Los sindicatos del Canal y de las fuerzas armadas de EU lucharon para que se les aplicase el sistema estadounidense y lograron transferirlo a la agencia panameña, renunciando a algunos beneficios del Código Laboral. Ello incluía el decimotercer mes y el derecho a huelga, que tampoco eran reconocidos en el régimen norteamericano. Al respecto, el Título Constitucional estipula (Art. 322) que, “en consideración al servicio público internacional esencial que presta el Canal, su funcionamiento no podrá interrumpirse por causa alguna”. La Ley Orgánica es más precisa; prohibe (Art. 109) el llamado o participación en huelga, paro de labores o trabajo a desgano.
La renuncia al derecho a huelga no solo respondía al compromiso adquirido en el Tratado de Neutralidad de garantizar que el Canal “permanezca seguro y abierto para el tránsito pacifico de las naves de todas las naciones…”. Era la estrategia lógica para asegurar su confiabilidad, como una de las rutas clave del comercio mundial. El régimen panameño copiaba la figura de la agencia norteamericana de resolución de conflictos bajo el nombre de Junta de Relaciones Laborales.
En mis años en el Canal, recuerdo que en la década de los’90 un dirigente incitaba a la huelga durante una manifestación; por ello fue sometido a un proceso que concluyó con su despido. En agosto de 1973, la Unión de Prácticos convocó un trabajo a desgano de dos semanas, que paralizó parcialmente el Canal. Y en marzo de 1976 exhortó a sus miembros a declararse enfermos, limitando notablemente el tráfico durante 5 días. Las irresponsables acciones causaron enormes pérdidas a la Compañía del Canal y al comercio mundial.
El liderazgo sindical panameño del Canal de los ‘90 era valiente, pero responsable. Aquella dirigencia ha sido reemplazada por una nueva generación, que pareciera ignorar los compromisos adquiridos en ese régimen laboral. Este cambio en la dirigencia se intensificó durante el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando la politiquería permeó a la Junta Directiva y a la Junta de Relaciones Laborales. Un directivo llegó a reunirse con un “sindicato” no reconocido, y pretendió representar a los trabajadores. Justo es reconocer que algunos gremios (los de prácticos, ingenieros de máquina y capitanes de remolcador), conservan un liderazgo responsable.
Lamentablemente, la militancia sindical en el Canal apenas si alcanza el 20%, lo que coloca a un pequeño grupo en condición de representar a la mayoría. El manejo adecuado de los asuntos laborales del Canal reclama la participación de todos sus colaboradores, y una adecuada capacitación democrática de los activistas. El gremialista debe aprender a armonizar los intereses de los empleados con los de la administración, sin poner en riesgo la eficiente y segura operación de la ruta panameña.
El autor es periodista
