La ACP en la mira de la Asamblea

Sepultado por el insulso y, con frecuencia, cansón discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, el informe del presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, pasó desapercibido a pesar de haber hecho un anuncio que debió encender las alarmas de quienes lucharon por consolidar la autonomía administrativa y financiera de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Al describir lo que pretende sea su gestión en 2022, Adames anunció que impulsaría una ley para “darle estabilidad a los empleados del Canal”. Es decir, intentará convertir en permanentes las posiciones temporales, invadiendo un área que, en virtud del Título Constitucional del Canal y de la ley orgánica de la ACP, es privativa de esta agencia. Pareciera ignorar que, durante las temporadas altas de tráfico, la ACP se ve forzada a contratar empleados temporales, que se hacen innecesarios una vez ha pasado la alta demanda de servicios de tránsito.

El Título XIV de la Constitución, que otorga privativamente a la ACP la responsabilidad de administrar, operar, conservar, mantener y modernizar el Canal, dice en su artículo 322: “La Autoridad del Canal de Panamá estará sujeta a un régimen laboral especial basado en un sistema de méritos y adoptará un Plan General de Empleo que mantendrá como mínimo, las condiciones y derechos laborales similares a los existentes al 31 de diciembre de 1999”.

Esa norma constitucional es desarrollada por la ley orgánica de la ACP en su Artículo 18, que describe las funciones de la Junta Directiva. El Acápite 5 estipula la facultad de “aprobar…los reglamentos necesarios o convenientes para el debido funcionamiento y modernización del Canal, incluyendo los siguientes: a. El reglamento que regulará las relaciones laborales y el que fijará, entre otros asuntos, los criterios y procedimientos de selección y promoción, así como las escalas salariales y de beneficios económicos de los funcionarios, trabajadores de confianza y trabajadores”.

El Título Constitucional y la ley orgánica de la ACP fueron el producto de un gran consenso nacional, en el que participaron los partidos políticos, la sociedad civil, entidades cívicas y los sindicatos del Canal. En demostración de patriotismo, estos dirigentes sindicales renunciaron al derecho a huelga para asegurar la viabilidad del Canal en manos panameñas, y presionaron para que se blindara a la agencia de la injerencia de la desprestigiada clase política.

El ensayo que impulsa Adames ahora, con el apoyo de un pequeño grupo de dirigentes sindicales canaleros que se han aliado a políticos desprestigiados, no es el primer intento de invadir la autonomía del Canal. El más reciente ocurrió en 2017, cuando el eterno presidente de la Comisión de Presupuesto de la AN, Benicio Robinson, trató de modificar el presupuesto de la ACP aprobado por el Gabinete, en abierta violación de la Constitución. Intentó reducir $141 millones del renglón de operaciones para aumentar los aportes al Estado. Pero la reacción pública y de la junta Directiva de la ACP fue tal, que debió retirar su propuesta para cumplir lo que señala la Constitución.

Según nuestra Carta Magna, una vez sea aprobado por el Consejo de Gabinete, el proyecto de presupuesto de la ACP solo puede ser aprobado o rechazado, mas no modificado, por la Asamblea Nacional. Si es rechazado, rige el presupuesto del año anterior.

Adames sabe, pues así se lo debe haber informado el costoso staff de asesores, que no puede, ni debe, proponer proyecto alguno que invada la autonomía de la ACP. Entonces, ¿por qué lo hace? Se me ocurre que está engañando a los canaleros y creando falsas expectativas entre los ingenuos dirigentes que han creído en los cuentos de sirena de políticos inescrupulosos.

En la vena señalada, los políticos que sueñan con tener acceso al presupuesto, a las fuentes de empleo y a los millonarios contratos de la ACP, intentarían lograr su anti-patriótico objetivo, apostados sobre los hombros de ilusos trabajadores canaleros. Pero, igual que ha ocurrido en dos ocasiones anteriores con el tema presupuestario, ¡no pasarán!

El autor es periodista

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