Los contratos firmados por la Autoridad del Canal de Panamá tienen establecidas claramente las instancias de resolución de conflictos.
Y el Canal es estricto en ceñirse a estos, por lo que es inexplicable que el Presidente de la República busque otras vías, no acordadas por las partes –en este caso, políticas y diplomáticas– para resolver un conflicto que es netamente comercial.
¿Qué va a hacer a España o Italia si, como dijo el administrador de la vía acuática, los contratos están blindados, así como la ampliación? Su intervención en un asunto de esta naturaleza es muy delicada, y podría poner en riesgo las negociaciones en el marco de los textos contractuales. El gobernante no debería convertir este conflicto en un asunto de Estado.
Para eso se negociaron los contratos y se invirtieron millones en asesorías. Respetamos sus intenciones y celebramos su preocupación, pero tiene que razonar con detenimiento qué piensa hacer y hasta dónde pretende llegar. Un mal paso en esa dirección sería imperdonable.
