En encuesta hecha pública el 25 de enero de 2021, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) reportaba que “el principal problema que afecta hoy al país es la corrupción”. Ya desde junio de 2021, la opinión pública asumía conciencia de que, efectivamente, la corrupción es la raíz de los graves problemas que afectan al país.
Desde mi perspectiva, la corrupción es transversal a casi todos los segmentos de la administración pública, afectando tanto la educación como la seguridad y la provisión de servicios públicos clave, encareciendo su costo y limitando la capacidad del gobierno para satisfacer las necesidades de la población. En este complejo panorama, quienes más sufren los perjuicios de esta endémica pandemia son los ciudadanos de menos recursos.
Frente a esa realidad que tanto daño hace a la imagen del país, el grupo de reflexión Trinka realizó el 20 de julio el Foro Virtual “No hay desarrollo sostenible con corrupción”, con la participación de Olga de Obaldía, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y Ana C. Rodríguez, investigadora de la Fundación. Enrique de Obarrio, expresidente de APEDE, actuó como moderador y la periodista Nubia Aparicio, como presentadora; ambos son miembros de Trinka.
Las expositoras analizaron los resultados del “Reporte sobre la implementación en Panamá de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)”, entorpecidos en buena medida por la incidencia de la rampante corrupción en el país. Esos objetivos van desde la erradicación de la pobreza, garantizar la salud y educación de calidad hasta establecer pautas de consumo y producción sostenible y la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático. Concluido el foro se abrió una mesa de debate de cuatro días.
Las expositoras explicaron que en cuanto a normativas para prevenir el lavado de activos, área sobre la que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dedica atención prioritaria, Panamá ha logrado importantes avances. Pero, subrayaron, el problema que mantiene al país en la lista gris es la falta de voluntad política para hacer cumplir esas normas, lo que las convierte casi que en letra muerte.
Quedó en evidencia que los principales obstáculos para combatir la corrupción son la infiltración de los partidos políticos por el crimen organizado, la falta de una cultura cívica en todos los estratos de la sociedad, la impunidad de que disfrutan los delincuentes de cuello blanco, y la influencia que ejercen políticos y empresarios corruptos en nuestro sistema de justicia.
La ausencia de una cultura cívica se manifiesta cuando políticos vinculados a delitos de corrupción son vitoreados por sus víctimas o cuando son saludados de forma reverencial en sitios públicos. Y se agrava cuando ese insano respaldo ocurre en elecciones populares. En estos casos cabe la célebre frase, “algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda”. Ese ciclo se ha venido repitiendo en nuestra historia política, poniendo en riesgo la propia vigencia de la democracia.
Sobre esa falta de cultura cívica, me llamó la atención un proyecto de ley relanzado por el moderador del foro, mediante el cual se crea el Consejo Nacional para la Cultura Ética. Surgido en 2007 entre los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el Consejo sería un órgano consultivo permanente en la elaboración de políticas que busquen desarrollar una cultura ética en la República.
Integrado por trece miembros ad honorem, cuatro en representación del gobierno y el resto de la sociedad civil, el Consejo sería dirigido por un Coordinador General, quien ocuparía el cargo por un periodo de doce meses y podría ser reelecto hasta por un periodo adicional; sería escogido de entre los miembros principales. El Ejecutivo proveería los recursos para su funcionamiento y operatividad. Estos fondos serían destinados íntegramente al desarrollo de actividades del Consejo, y fiscalizados por la Contraloría General.
Aunque el proyecto fue entregado por su autor al presidente de la República, el mismo bien podría ser adoptado y presentado a la Asamblea Nacional por uno o varios diputados interesados en impulsar la lucha contra la corrupción. La creación del Consejo Nacional para la Cultura Ética sería un gran paso en esa dirección.
El autor es periodista