Hace poco más de un año, bajo el titular “Universidades en crisis” (La Prensa, 19 de marzo de 2015), expresaba mi legítima inquietud por el rumbo cuesta abajo en que se hallaban inmersas tanto la Universidad de Panamá (UP) como la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). “Desde mi perspectiva”, decía entonces, “ambas atraviesan por la misma crisis institucional y de valores que caracterizan la política panameña”.
En ambas universidades la crisis tiene su germen en un anacrónico sistema de elección que estimula el clientelismo, pues quienes eligen al rector, los decanos y directores de centros regionales son los docentes, estudiantes y administrativos. En consecuencia, los elegidos no son necesariamente los que reúnen las mejores credenciales, sino los más populares. En el mundo desarrollado, esas autoridades son designadas por juntas de gobierno o síndicos, quienes toman en cuenta factores objetivos como son trayectoria profesional y académica, capacidad y sus planes para la respectiva universidad.
Como señalaba en el artículo mencionado, “en la UP se ha enquistado un ‘círculo cero’ encabezado por el rector Gustavo García de Paredes”, que ha sido clave en su reelección por cuatro periodos. Las elecciones convocadas para el 29 de junio de 2016 abrirán la gran oportunidad para que ella se enrumbe por el sendero que concibieron sus fundadores. He escuchado a varios candidatos y considero que allí predominan tres tendencias: 1. El statu quo, a mi juicio en contravía del interés del país; 2. La renovación y modernización con cambios, pero sin traumas; y 3. Una posición intermedia que intenta conciliar las fuerzas antagónicas (cambio de figuras sin cambio de fondo).
Los problemas de la UP no se limitan al clientelismo, sectarismo y demás prácticas propias de la política panameña. Sus efectos pasan por falta de pertinencia social (sin impacto en la sociedad y el Estado), poca o ninguna visión de futuro y falta de libertades al implantarse como práctica la intolerancia contra la disidencia. Ejemplo palpable son las acciones contra la defensora de los Derechos de los Universitarios, Anayansi Turner, y del catedrático de derecho constitucional Miguel A. Bernal. Contra ambos se han practicado toda clase de medidas arbitrarias de presión y represalia. Una universidad jamás puede administrarse con semejantes criterios.
A los problemas señalados se suma la pésima administración del patrimonio universitario, algo que ha sido denunciado reiteradamente por medios de comunicación. En la primera de dos entregas publicadas el 3 y 4 de mayo de 2016 en La Prensa bajo el titular, “Rector de la Universidad cede valiosas tierras”, la periodista Mary Triny Zea detalla, con pruebas, la cesión de “al menos 160 hectáreas de tierras que han sido arrendadas o vendidas en cuestionables transacciones, en las que son notorias algunas irregularidades, como la ausencia de avalúos o alquileres muy desventajosos para la UP”.
En artículo titulado “De la contaminación a la ineficacia” (La Prensa, 22 de abril de 2016), el catedrático Roberto Arosemena Jaén califica la centralización como un “vicio del poder universitario”. Señala como ejemplo de ello el sistema centralizado de evaluación que solo ha servido “para erigir una ridícula autocracia” y no para mejorar la calidad del docente. Por estas y muchas otras razones, la UP reclama un nuevo liderazgo que corrija sus deficiencias y la coloque en el sitial que le corresponde.
El vicio del poder es, probablemente, la génesis de los múltiples problemas que tendrá que afrontar y resolver el próximo rector. Estos pasan por la intromisión de la politiquería y el clientelismo en el devenir universitario, la falta de pertinencia social –es decir, la falta de sintonía de la universidad con la sociedad–, la falta de libertades, la escasa o ninguna visión de su rol en el desarrollo económico y social del país, y el deterioro de la calidad de la educación. No es casual que la UP ocupara en 2015 la posición No. 123 del QS University Ranking de América Latina, 31 posiciones por debajo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
En semejante escenario se impone la elección de un rector comprometido con el rescate de sus objetivos y valores. Esa tarea no la puede realizar alguien del círculo cero o que pretenda “vínculos armoniosos con la actual administración”. Los candidatos son Argentina Ying, Dorindo Cortez, Nicolás Jerome, Gilberto Boutin, Justo Medrano, y Eduardo Flores Castro. De ellos me ha causado favorable impresión Flores Castro, científico que en 2011 perdió por estrecho margen frente a García de Paredes (52% versus 47%). Flores no solo ha denunciado las deficiencias señaladas, sino que ha propuesto acciones para corregirlas, partiendo por mejorar la calidad académica y la infraestructura, aplicar una real transparencia y una gestión consultiva, y diseñar mecanismos para que los futuros procesos electorales sean libres, sin presiones ni intimidación. Su mejor carta es que los defensores del statu quo han lanzado una campaña en su contra calificándolo de “revanchista”, intentando crear temores infundados en la familia universitaria.