El Canal de Panamá, obra cumbre de nuestra posición geográfica que sirve al 6% del comercio mundial a través de 1,700 puertos en 160 países de todo el mundo, cumple 107 años de servicio seguro y confiable al comercio mundial. Pero el Canal de hoy día, administrado y manejado exclusivamente por panameños, es muy diferente al inaugurado el 15 de agosto de 1914 con el tránsito del vapor Ancón.
Su construcción y operación por Estados Unidos fue producto de un Tratado negociado por un francés (Philipe Bunau-Varilla), cuya interpretación unilateral generó desde su propia firma la indignación de los panameños. Fue necesaria la lucha de varias generaciones y una gesta heroica liderada por estudiantes, para que Panamá lograse recuperar la soberanía sobre su principal recurso, tras la firma de los tratados Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977. Los pactos programaron la transferencia del Canal al soberano, y comprometieron al país a prepararse para manejar la vía, por lo menos con la misma eficiencia que Estados Unidos.
Tras la invasión de diciembre de 1989 que depuso al régimen del exdictador Manuel Noriega, el Presidente Guillermo Endara concitó a las fuerzas vivas del país para que definiesen una fórmula para cumplir con lo pactado. Para los efectos, creó una Comisión Presidencial para Asuntos del Canal, liderada por Joaquín J. Vallarino, con la misión de diseñar la estructura organizativa de las agencias que tendrían la función de administrar las áreas revertidas y el Canal.
La recomendación más importante, reconoció Vallarino en La tierra prometida tiene un mañana, de Ricardo González de Mena, fue que la agencia canalera tuviese rango constitucional, pues “enviaría un mensaje claro a los usuarios respecto a la seriedad e importancia que le damos los panameños al Canal interoceánico”. El resultado de ese esfuerzo nacional fueron el Título Constitucional y la ley orgánica de la Autoridad del Canal (ACP). El tema de las áreas revertidas dio lugar a la creación de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), pero al no otorgársele la deseable autonomía ha terminado por involucionar hasta convertirse en el adefesio que es hoy día.
Lamentablemente, el Título Constitucional tiene un eslabón débil: los requisitos y el mecanismo para designar a los miembros de la Junta Directiva de la ACP. Este otorga al Ejecutivo la facultad de nombrar a diez de sus once miembros, incluido el Ministro para Asuntos del Canal, quien la preside. El otro miembro lo designa la Asamblea Nacional. Para ser directivo solo se requiere se panameño con reconocida probidad, no haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública, no tener parentesco entre sí y poseer título universitario o su equivalente.
El riesgo de que un presidente designase a la mayoría se solventó en la primera Directiva mediante su designación por tiempo escalonado, pero vencidos sus términos, revivió el fantasma de la intrusión política. Ese riesgo pasó su primera prueba durante el gobierno de Ricardo Martinelli, quien no ocultó su interés de controlar la ACP. Impulsado por esa amenaza a la autonomía del Canal escribí el artículo ¿Ahora la toca al Canal? (La Prensa, 10 de febrero de 2010). Para entonces, Martinelli había designado a dos miembros y le tocó nombrar en 2013 a otros tres (Lourdes Castillo, Henri Mizrachi y Alberto Vallarino), cuyos periodos vencen en febrero de 2022. Afortunadamente, el candidato de Martinelli perdió en 2014, lo que le impidió tener una mayoría en la Junta Directiva de la ACP.
Al Presidente Laurentino Cortizo le ha correspondido hasta ahora nombrar a dos directivos: el ingeniero egresado de Columbia University Enrique Sánchez, meritorio exejecutivo del Canal, y Nicolás González Revilla, administrador de empresas egresado de Boston College. Ahora le corresponderá designar a los reemplazos de Castillo, Vallarino y Mizrachi, tarea que exige una gran responsabilidad patriótica, por cuanto esa Junta Directiva deberá afrontar los retos inmediatos del Canal.
La calidad de las designaciones hechas, nos da la esperanza de que Cortizo designe a ciudadanos probos dispuestos a actuar con patriotismo. Por ser el activo más valioso de nuestro principal recurso (la posición geográfica), el Canal debe enfocarse a satisfacer las necesidades de la industria, cuales son la disponibilidad de agua para garantizar la confiabilidad del servicio y el calado máximo de los enormes buques, y ajustarse a una nueva realidad en los patrones de comercio. Por ello, requiere de directivos con visión global, que conozcan el entorno y la competencia. Y parafraseando al administrador Ricaurte “Catín” Vásquez en su discurso inaugural, a “ciudadanos que antepongan los intereses de la institución y del país” por encima de cualquier otro interés.
El autor es periodista
