Diciembre de 2014 nos trajo la buena noticia de que el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Asuntos del Canal para que proponga a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que otorgue las mismas exoneraciones fiscales que disfrutan las operadoras de puertos internacionales a la empresa a la que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), luego de licitación pública, adjudique la concesión de un puerto de trasbordo de contenedores en Corozal. Esto allanará el camino para que la ACP incursione en el lucrativo negocio portuario.
La iniciativa de la ACP de involucrarse en actividades comerciales relacionadas con las operaciones marítimas se sustenta en los artículos 316 y 319 del Título Constitucional del Canal de Panamá y en su ley orgánica. El primero otorga a la ACP la responsabilidad de administrar, conservar, mantener y modernizar la vía y sus actividades conexas. Y el segundo señala -entre las facultades de la directiva- la de “otorgar concesiones para la prestación de servicios a la ACP y a las naves que lo transiten”. La ley orgánica es más precisa al señalar (Art. 18/9) que es facultad de la directiva “Aprobar las políticas sobre realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, que complementen el funcionamiento del Canal”.
Bajo administración estadounidense, esta se involucró en actividades complementarias a las de tránsito, como operaciones portuarias, suministro de bunker y servicios industriales, y en otros como producción de agua potable y generación eléctrica. Bajo administración panameña estaba concentrado en el tránsito de buques, producción de agua potable y generación eléctrica. Sin embargo, un análisis estratégico realizado en 2012 por Bain & Co., recomendó a la ACP que diversifique sus negocios para añadir valor a la ruta, pues los peajes ya estaban muy cerca de su punto máximo frente a la competencia. Esto significa que los aportes del Canal al Estado crecerán a futuro a un ritmo lento, a menos que la ACP diversifique sus fuentes de ingresos.
Con base en las facultades legales señaladas y la recomendación formulada por Bain & Co., la ACP añadió a la vicepresidencia ejecutiva de mercadeo la función de desarrollo comercial con miras a identificar fuentes adicionales de ingresos. Bajo la dirección de Rodolfo Sabonge, esa unidad identificó varios proyectos, que no solo darán valor agregado a la ruta, sino que permitirán a Panamá aprovechar al máximo su principal recurso: su posición geográfica.
Estudios técnicos de demanda, diseño, costos y modelo financiero realizados por las consultoras WorleyParsons, Mercator International y HDR, Inc., recomendaron a la ACP la ejecución de un puerto en Corozal. Los estudios de mercado demostraron el interés de armadores y operadores internacionales de establecer sus centros de trasbordo en el litoral pacífico panameño. Para asegurar que el país obtenga óptimos beneficios, se recomendó un modelo según el cual el Estado, a través de la ACP, retendría la propiedad del puerto, pero otorgaría su operación a un concesionario mediante concurso internacional. En el esquema recomendado, la ACP tendría el rol de agente estatal bajo el modelo de asociación público privada. Y esto es lo que, justamente, está haciendo la ACP con la aprobación de su junta directiva y el Consejo de Gabinete.
Según esos estudios, los puertos en la entrada pacífica de la vía (Balboa y PSA) han alcanzado casi su capacidad máxima, por lo que es urgente –y así lo reconoce la comunidad marítima– la construcción de un nuevo puerto con conectividad vial y ferroviaria. Corozal reúne las condiciones ideales para desarrollar ese puerto, para el que se ha estimado una elevada tasa interna de retorno. Además, su concesión a un nuevo operador internacional garantizará diversidad y una saludable competencia, que beneficiaría a los usuarios de los servicios portuarios.
Pero nunca hubo una buena causa sin obstáculos. Según fuentes de la industria marítima, Panama Ports Co. (PPC), operador de los puertos de Balboa y Cristóbal, se apresta a impedir que el Estado aproveche su principal recurso, apelando para ello a la firma forense que la ayudó a zafarse del contrato suscrito con Panamá en 1997, que la comprometía a pagar más de $30 millones anuales al Gobierno y, después, a impedir que se ejecutara el proyectado megapuerto de Farfán.
PPC se ha negado a pagar dividendos al país, tenedor del 10% de su capital accionario, bajo el argumento de que reinvierte las ganancias en ampliar su capacidad. Curiosamente, las demás empresas en las que el Estado es accionista sí pagan dividendos al Gobierno aun cuando invierten sumas millonarias en infraestructura y equipo.
Ahora me informan que PPC, por intermedio de la firma forense que le sirve de instrumento, ha interpuesto recursos legales contra la iniciativa del Gobierno de desarrollar el puerto de Corozal, y alega tener prioridad para el uso de esa área estratégica. El escenario sería la Corte Suprema de Justicia, en el que logró bloquear, con múltiples recursos, un fallo declaraba inconstitucional la equiparación portuaria y, después, el proyectado megapuerto. Confío en que en esta ocasión el interés nacional prevalecerá.
