En plena campaña política, en su “Plan de gobierno por el cambio”, el hoy presidente de la República, Ricardo Martinelli, nos proponía una gran cantidad de obras que reclamaba urgentemente el país y, casi en la misma dosis, cambios en el estilo de gobernar que prometían integridad, transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Para decirlo en palabras sencillas, nos prometía tanto cantidad como calidad en el manejo del Gobierno… una visión de estadista.
Pero la realidad, al menos hasta ahora, ha sido diferente a lo que prometió, lo que deja a quienes creímos en su propuesta con un sabor a engaño.
En este artículo ensayo un apretado resumen de lo que nos ofreció el “plan de Gobierno por el cambio” y lo que hemos tenido en año y 10 meses de gestión. Lo hago con la esperanza de que se enderece el rumbo y que las promesas incumplidas se hagan realidad.
En el eje social se ha ejecutado la propuesta 100 para los 70, que beneficia a unos 90 mil adultos que no cuentan con pensión de vejez; la beca universal y útiles, que beneficia inicialmente a unos 290 mil estudiantes de escuelas públicas y privadas del país; la red de oportunidades, que integra a varias entidades y ha sido ampliada para incluir más poblaciones bajo pobreza extrema; el programa de apoyo económico para atletas, que se inició con becas a 89 atletas destacados; el aumento del salario mínimo, y la ampliación del Programa de Desarrollo Comunitario en las zonas indígenas y campesinas.
También cabe mencionar la modernización del sistema de seguridad social –incluyendo el éxito logrado en el trasplante de órganos–, el impulso que se está dando al programa de granjas autosostenibles, el fortalecimiento del programa de primer empleo y el impulso a las artesanías panameñas, incluyendo la construcción de un moderno mercado artesanal.
Quizás en donde más proyecta su acción el Gobierno es en el eje económico, especialmente en la vialidad en la región metropolitana y en obras de impacto turístico. En este eje tan vital para el desarrollo destacan la extensión de la cinta costera hasta el Casco Antiguo, el inicio del Metro, la rehabilitación de la autopista Panamá–La Chorrera, la extensión de la autopista Panamá–Colón, el multimillonario proyecto de renovación de Curundú y el ensanche de la carretera David–Boquete. Aquí, ¡Vamos bien! Sí, pero iríamos mejor si algunas de las obras no estuviesen cuestionadas técnicamente por el diseño y material usado y financieramente por supuestos sobrecostos.
En cuanto a calidad, el Gobierno ha abandonado a su suerte –al menos hasta ahora– compromisos que impulsaron a muchos ciudadanos a respaldar su propuesta. Esas promesas están referidas al fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción y el imperio de la transparencia en los actos públicos, la eliminación de la discrecionalidad del funcionario como fuente de corrupción, la reestructuración y adecentamiento del sistema judicial y la profesionalización del servicio exterior, entre otros.
Quizás el lema que más inspiró a la mayoría de los panameños a respaldar la propuesta por el cambio fue, “entran limpios y salen millonarios”, expresión que ilustra la conducta de muchos políticos que hoy día ostentan enormes fortunas que no pueden justificar. En honor a la verdad, en plena campaña abrigué la esperanza (¿iluso?) de ver presos a algunos de estos corruptos.
¿Por qué el Presidente ha abandonado la sustancia a cambio de lo material? Creo que ha sido “bien” aconsejado por asesores que saben que una buena parte de nuestra ciudadanía carece de cultura cívica. Población a la que le importa más los beneficios tangibles (bienes y/o servicios) que contar con un país en donde prevalezcan la justicia, las reglas de juego claras y la separación de los poderes. El ciudadano común no comprende que cuando el Gobierno otorga contratos y concesiones en forma directa, está abriendo oportunidades a la corrupción. Tampoco alcanza a comprender que cuando una institución le otorga una concesión directa a una empresa, está impidiendo que otros actores con propuestas más ventajosas para el país puedan competir.
En cualquier país con aspiraciones a incursionar en el primer mundo, resulta vital contar con una democracia sólida en la que haya una efectiva separación de los poderes, cada uno sirviendo de contrapeso a los otros. Lamentablemente, en nuestro país, tanto el Órgano Legislativo como el Judicial están subordinados al Ejecutivo. Esto solo puede ser resuelto fortaleciendo la institucionalidad democrática vía una nueva Constitución. Algo a lo que se comprometió el presidente Martinelli cuando nos prometió “las modificaciones necesarias a la Constitución” para fortalecer nuestra débil democracia. Lamentablemente, este componente vital de su propuesta ha sido olvidado hasta ahora. ¿Tendrá el coraje propio de un estadista?
