Si hay medio que se aproxima al concepto purista de “prensa libre” es, precisamente, el diario La Prensa de Panamá. Y lo digo con pleno conocimiento de causa, pues antes de jubilarme trabajé en varios diarios, radio, televisión y fui corresponsal de prensa extranjera. Este criterio está sustentado en la lucha por la democracia y la justicia y contra la corrupción, que ha caracterizado al diario La Prensa desde su fundación.
Hecha esta introducción, paso a comentar el trance coyuntural por el que atraviesa este medio, frente a la desafortunada demanda en su contra interpuesta por un expresidente de la República, bajo el discutible argumento de que se ha vulnerado su imagen. En estos procesos, los políticos tienden a olvidar que su imagen depende, sobre todo, de su trayectoria política y en función de gobierno. Por haber escogido la vida pública, deben tener el coraje de resistir con dignidad el escrutinio de sus actos públicos.
Un error originado en una fiscalía jamás debe ser tomado de excusa para atacar al mensajero, orillando las finanzas del medio al punto de que pudiera ser forzado a suspender sus operaciones, producto de una mala decisión de una jueza. Esta ha fundado su decisión en una ley anacrónica que no está en sintonía con el derecho internacional.
La Prensa está hoy día como lo estuvo el famoso Joseph Pulitzer hace más de un siglo, cuando fue demandado por el entonces presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt. Pulitzer ganó en un tribunal inferior, pero apeló su caso para llevarlo hasta la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de establecer un precedente jurídico. Y lo logró en fallo emitido el 3 de enero de 1911, cuando quedó establecido que la libertad de expresión no es subalterna a ningún otro derecho.
A pesar de que este sabio principio ha sido adoptado por el sistema interamericano bajo el paraguas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Panamá mantiene normas ambiguas que son usadas por malos jueces para favorecer a figuras de alto perfil. Bajo una de esas leyes, un juez del ramo civil prohibió en junio de 2008 toda información pública que mencionase, sin su autorización, a un asesor del entonces presidente Martín Torrijos.
Comparto la tesis del filólogo y periodista Rafael Candanedo, perito a favor de la libertad de expresión en ‘mil batallas’, de que “este secuestro va en contravía de todo lo avanzado en la materia a nivel continental”. Considera Candanedo que la acción del expresidente contraviene la “normativa especial acumulada” por muchos años. A propósito, en 2003, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitó al país para examinar la situación de la libertad de expresión en Panamá.
Entre las recomendaciones formuladas por la comisión de expertos están eliminar las normas anacrónicas que limitan el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, revisar la ley de transparencia para fortalecerla y, sobre todo, despenalizar la calumnia e injuria contra funcionarios, personas públicas o particulares involucrados en asuntos de interés público, para conformarlas a las normas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
Modernizar las leyes sobre la materia no será tarea fácil, habida cuenta de que tendría que operarse un milagro en la mentalidad de la mayoría que controla la Asamblea Nacional. Pero el esfuerzo debe realizarse por iniciativa de los medios y las entidades de la sociedad civil interesadas en el perfeccionamiento de la justicia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Esto incluye normas que garanticen que los medios actúen con responsabilidad cuando incurran en informaciones falsas, inexactas o sesgadas, y respeten fielmente los principios éticos que rigen el ejercicio del periodismo.
El autor es periodista
