La Constitución de la República establece en su artículo 159 como función primordial de la Asamblea Nacional (AN), “expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado”. A lo largo de los años, la Asamblea ha venido abandonando esa función, para concentrarse en la captación de fondos públicos para dedicarlos a asegurar la reelección de los diputados.
Fuera de la aprobación del Presupuesto del Estado y de proyectos remitidos por el Ejecutivo, las pocas leyes surgidas de su propia iniciativa suelen estar orientadas a satisfacer sus intereses clientelistas. En contraste, los proyectos contra la corrupción o para mejorar el Reglamento Interno y la transparencia, son engavetados.
Lejos de ejercer su función de contrapeso de otros órganos del Estado, la AN se ha convertido en una bien aceitada máquina de extorsión y chantaje frente a un Ejecutivo débil, incapaz de resistir la presión del Legislativo. Al contrario, se ha convertido en fuente inagotable de recursos para financiar el clientelismo, las sinecuras (botellas) y gastos innecesarios, aun en medio de la crisis sanitaria y fiscal que vive el país.
A pesar de que los ingresos fiscales cayeron en casi 40% en 2020, primer año de la pandemia, la Asamblea se negó a dar trámite a un proyecto de recorte salarial y de gastos de representación presentado por el Ejecutivo, a fin de reducir el déficit fiscal. Y para añadir sal a la herida, logró que ese año se le aumentase su presupuesto a $99.6 millones. En 2021 logró se le aumentase a $107 millones y para 2022 pretenden que se les aumente a $135 millones, la mayor parte para funcionamiento ($126.5 millones).
Pero la AN no solo destaca por ser una incontrolable aspiradora de recursos fiscales. A pesar de que todos sus miembros juraron cumplir la Constitución y la Ley, ella se negó a cumplir fallo emitido en 2019 por la Corte Suprema de Justicia, que le ordenaba otorgar a un diario local – en cumplimiento de la Ley de Transparencia – información detallada de las contrataciones de personal realizadas entre los años 2014 – 2017.
La creciente indignación que han generado las insanas prácticas de ese órgano del Estado, colmaron la copa cuando, en acto que revela su desprecio por la sociedad civil, convirtieron en un mamotreto diseñado para su propio beneficio el proyecto de ley presentado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Creada mediante decreto, la CNRE es un órgano consultivo del Tribunal Electoral, que se convoca después de cada elección, para “perfeccionar la legislación electoral”, con miras a corregir deficiencias del pasado.
La CNRE está integrada por representantes del Tribunal Electoral, los partidos políticos, la sociedad civil y otras organizaciones. Durante 24 sesiones, la Comisión conoció las buenas experiencias y las falencias de las pasadas elecciones generales y, luego de consultas y debates presentó un proyecto de ley que introduce “innovadoras, profundas y abarcadoras reformas” al Código Electoral. Allí, de forma institucional, todos los partidos políticos tuvieron la oportunidad de exponer y sustentar sus puntos de vista.
Entre las innovaciones, el proyecto incluye normas que regulan el voto adelantado y por Internet, fija limitaciones a los servidores públicos en el periodo electoral, modernizan el sistema de inscripción de miembros de partidos políticos en formación y de las listas de respaldo de candidatos de libre postulación, el financiamiento público y limita el privado, impulsan la paridad de género, y el eliminan el cuestionado fuero electoral, que ha sido un obstáculo para la efectiva administración de justicia.
Lamentablemente, el proyecto ha sido distorsionado durante sesiones quasi secretas por diputados de la Comisión de Gobierno, que introdujeron más de 70 cambios en los primeros dos bloques. Diseñados para conveniencia propia, los cambios incluyen mantener la figura de la doble postulación y el fuero electoral. Además, añadieron artículos que restringen la libertad de expresión en la campaña política, y facilitan el lavado de dinero vía las donaciones.
Los cambios produjeron el retiro de los magistrados del TE del debate en la AN, lo que provocó la mediación del Presidente de la República. Resultado de ello, y a iniciativa del Presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, se creó una Comisión Técnica que no es más que una estrategia para ganar tiempo y diluir la presión de la sociedad civil. La respuesta de esta debe ser mantener la presión sobre un órgano que dejó de representar hace mucho tiempo a la comunidad que lo eligió. ¡Un fardo costoso e improductivo!
El autor es periodista
