Rectificar para no hundirse: Cuba acaba de dar los primeros pasos en la aplicación de la consigna de Raúl Castro para evitar el colapso económico de la isla. Durante este año, el Gobierno amortizará medio millón de empleos públicos como parte de un proceso que reducirá un 25% de los puestos estatales, equivalente a un 10% del total de la población activa.
Los trabajadores afectados por la medida recibirán un mes de salario por cada 10 años trabajados y, en algunos casos, una oferta en el sector agrícola y de la construcción. El Gobierno espera, con todo, un desplazamiento de los empleados estatales hacia el sector privado que reduzca el gasto público e incremente los ingresos por impuestos.
La reducción del empleo estatal podría convertirse en el preámbulo de la transición política cubana. Al renunciar por inviable a la economía dirigida por el Estado, el régimen cubano no podrá sostener por tiempo indefinido la falta de libertades individuales que hasta ahora presentaba como un requisito imprescindible del sueño igualitario que aseguraba retóricamente perseguir. Con dos décadas de retraso, el castrismo ha tenido que reconocer los mismos problemas que la Unión Soviética y emprender unas reformas que, aunque pensadas para la órbita económica, acabarán afectando también a la política.
La vocación totalitaria que ha exhibido la revolución durante más de medio siglo podrá recalar, provisionalmente, en un simple y descarnado afán dictatorial, más fiel a los intereses de la nomenklatura que a la utopía de la sociedad sin clases. Pero la suerte del castrismo está echada, por más que la represión pueda prolongar la agonía del régimen.
Las esperanzas que permiten concebir el hecho de que por fin algo importante se empiece a mover en Cuba, no pueden ocultar el drama humano al que se asoma la isla. El raquítico sector privado no podrá absorber en lo inmediato la mano de obra despedida del sector público, con lo que estaría cerniéndose sobre la población un nuevo y más grave deterioro de las condiciones de vida.