Sería injusto analizar de forma objetiva el primer año de gestión del gobierno que encabezan el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado, sin examinar primero las condiciones en que recibieron el país, las instituciones y las finanzas públicas, así como el impacto que las políticas de la pasada administración tuvieron sobre la canasta básica.
El gobierno de Ricardo Martinelli se caracterizó por: 1. Eliminar la separación de los poderes para ejercer el poder absoluto; 2. Colocar el sistema de justicia a su disposición; 3. Modificar la ley de contrataciones públicas, lo que dio lugar a los actos de corrupción; 4. Privilegiar las importaciones en detrimento de la producción nacional; 5. Promover el clientelismo como método político; 6. Realizar inversiones sin planificación previa y a enormes sobrecostos, y 7. Endeudar al país de forma irresponsable.
A Martinelli le correspondió gobernar en un periodo de bonanza, lo que le permitió derrochar enormes sumas en un descontrolado plan de inversiones que, sumado al endeudamiento, tuvo el efecto de recalentar la economía. Ello estimuló la inflación a niveles jamás experimentados en Panamá, impactando el costo de la canasta básica de alimentos. Además, creó un gobierno paralelo al designar a funcionarios claves más allá del término de su gestión.
Ese fue el país que recibió Varela, quien en los primeros seis meses de gestión debió ceñirse al presupuesto aprobado por su antecesor. Para asegurar la gobernanza, la bancada de su partido (Panameñista) debió negociar un acuerdo de gobernabilidad con el PRD, su tradicional adversario, lo que le permitió desmantelar al gobierno paralelo e implementar parte de su plan de gobierno.
En los primeros 12 meses del actual gobierno, quizás el mayor logro sea la recuperación de la institucionalidad, con la consiguiente separación de los poderes, y el rescate del ministerio público y de la Contraloría General de la República, designando a ciudadanos de indiscutible prestigio. Esto ha creado el ambiente propicio para que el ministerio público cumpla su rol; como resultado, hoy día, delincuentes de alto perfil purgan cárcel, mientras el pueblo espera ansioso que se procese a todos los responsables de la galopante corrupción del pasado reciente.
En materia de inversión social, se inició el plan de renovación de Colón, con 10 licitaciones y órdenes de proceder para restaurar 9 edificios de la ciudad y la ejecución de proyectos urbanísticos en Arco Iris y Buena Vista; ha iniciado el programa Techos de Esperanza, que beneficiará a 50 mil familias pobres (ya se han beneficiado 5 mil en San Miguelito, Arraiján, Pacora, Panamá Norte, Veraguas, Chiriquí, La Chorrera, Herrera y Bocas del Toro), y se aumentó a 10 mil dólares el bono solidario de vivienda.
A pesar de los obstáculos de arrastre por escasez de fuentes de agua, limitaciones de potabilizadoras y fallas en los sistemas de distribución, el programa 100/0 (100% de agua potable, 0 letrinas), ha logrado importantes avances. En efecto, el Consejo Nacional para el Desarrollo reporta haber censado a 134 corregimientos, incluyendo las comarcas. Para llevar el programa a esas comunidades humildes se han hecho 100 licitaciones, de las cuales 53 esperan orden de proceder. Además, se hicieron otras seis para mejoras de alcantarillados y potabilizadoras.
En materia de seguridad, los informes revelan resultados positivos del programa barrios seguros con más oportunidades y mano firme. Los delitos de alto impacto bajaron en 5%, igual que los robos y hurtos, mientras que los delitos de lesiones personales disminuyeron en 56%. En las provincias con mayores índices de homicidios, estos se han reducido en 24.2%; solo en Colón, en donde se ha realizado un gran esfuerzo con apoyo de líderes comunales, la tasa ha bajado en 62%.
En cuanto al transporte, se creó la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública que impulsará, entre otras obras, la construcción de un cuarto puente sobre el Canal, y muy pronto debe iniciarse la línea 2 del Metro (21 kilómetros). En el agro, bajo el liderazgo de un ministro comprometido con los productores, avanza un agresivo plan de rescate de la agricultura y la ganadería para impulsar la producción nacional. Además, se hacen los ajustes necesarios para que el IMA sea un instrumento efectivo al servicio de los productores y no de los importadores.
Por supuesto que hay temas que no avanzan al ritmo deseable, como la prometida ley de contrataciones que cierre las puertas a la corrupción, algunas designaciones pendientes en la Corte Suprema de Justicia y las acciones para transformar a Panamá en hub logístico. En este tema, la estructura creada para impulsar ese objetivo carece de garra (jerarquía) para materializarlo. Conforme se planteó en el plan de gobierno, este tema debería estar bajo responsabilidad del Ministerio del Canal (sic), que cuenta con los recursos para impulsar ese gran objetivo.
En suma, Panamá cuenta hoy con un Gobierno serio, respetuoso de las instituciones y que impulsa la ejecución de su oferta política con dignidad, sin la parafernalia que caracterizó a su antecesor. Sorteados los obstáculos del primer año, se espera que en los próximos meses se corrijan las fallas y se imprima velocidad a la ejecución del plan de gobierno en el marco de una política de absoluta transparencia.
