La dilatada pesadilla que vive el pueblo venezolano, bajo la dictadura de Nicolás Maduro y la cúpula militar, me trajo a la memoria episodios parecidos que sufrimos los panameños bajo la dictadura de Manuel A. Noriega. Ambas crearon un Estado criminal, alimentado por el narcotráfico y el lavado de dinero, y lograron controlar el poder gracias al apoyo de civiles cómplices de delitos y abusos. En Panamá, el martirio comenzó en 1983, cuando Noriega asumió el cargo de comandante de las Fuerzas de Defensa y, como tal, el poder real. Había manejado con mano dura los servicios de inteligencia, y servido por años a la Agencia Central de Inteligencia. Bajo su mando se organizaron unas cuestionadas elecciones presidenciales, en 1984, que resultaron en la proclamación de Nicolás Ardito Barletta como presidente. En 1985, se encontró el cuerpo decapitado de Hugo Spadafora, crítico suyo que lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico. Los indicios apuntaban a las Fuerzas de Defensa, lo que generó una movilización nacional para que se le investigase. Pero cuando Ardito Barletta anunció, en la ONU, su intención de crear una comisión para investigar el asesinato, a su regreso fue forzado a renunciar. En su reemplazo asumió el primer vicepresidente, Eric A. Delvalle, pero cuando anunció la separación de Noriega, hasta que se concluyese una investigación, la dictadura designó a Manuel Solís Palma como presidente.
En mayo de 1987, Noriega jubiló al coronel Roberto Díaz Herrera, y este llamó a una conferencia de prensa, en la que lo acusó del asesinato de Spadafora y de ser el gestor del fraude de 1984. Ello dio pie a la creación de la Cruzada Civilista, que agrupó a la sociedad civil, la Iglesia y otras organizaciones, encabezadas por la Cámara de Comercio. Las pacíficas manifestaciones generaron represión y amenazas de muerte a sus líderes; en ello jugaron un papel clave los Batallones de la Dignidad y los codepadis, similares a los colectivos de Venezuela, organizados a la imagen y semejanza de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana.
Mientras la crisis tomaba fuerza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que, en el caso Spadafora, el Gobierno violó la Convención de Derechos Humanos. En una acción para forzar la salida de Noriega, el 4 de marzo de 1988 el Gobierno de Estados Unidos (EU) impuso sanciones económicas, incluido el congelamiento de pagos a Panamá por razón del tratado del Canal. El 8 de abril, Reagan añadió nuevas sanciones. Antes, el 4 de febrero de 1988, tribunales de Miami y Tampa anunciaron procesos contra Noriega, por conspiración, extorsión y narcotráfico. Pero el dictador y sus adláteres alegaron que todo era parte de una conspiración de EU. El régimen venezolano, también ha sido condenado por violación de los derechos humanos, y varios de sus líderes enfrentan acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Igual que la dictadura panameña, la de Venezuela alega que todo es una manipulación del imperialismo.
Convencido de tener amplio respaldo popular, Noriega ordenó al Tribunal Electoral (TE) realizar elecciones el 7 de mayo de 1989. La candidatura de la opositora ADO Civilista fue acusada de impulsar un proyecto “plegado incondicionalmente al imperio”, mientras que la del gobernante, Colina, fue calificada de “independiente, patriótica y democrática popular” (idéntico guion al de Venezuela); pero el pueblo le infirió una humillante derrota a la dictadura, al obtener la oposición más del 64% del voto (la oposición venezolana obtuvo el 56.2% en las elecciones parlamentarias de 2015). En semejante atolladero, el TE anuló los resultados, y alegó“fraude”, algo insólito, pues el control de los escrutinios lo ejercía el Gobierno.
Los candidatos de la ADO convocaron a una gran concentración el 10 de mayo, pero Noriega ordenó a sus paramilitares que escarmentaran a los manifestantes; la consigna era “plata para el amigo, plomo para el enemigo, palo para el indeciso”. Ese día, los medios registraron las palizas que recibieron los candidatos de la oposición. Lejos de intimidarse, esta incrementó la presión. Igual que en Panamá, en Venezuela las manifestaciones de la oposición han sido objeto de brutal represión, y la prensa, sometida a una rígida censura. Ante el agravamiento de la crisis, la OEA convocó, en mayo de 1989, una reunión de consulta. El entonces canciller Jorge Ritter, uno de los más conspicuos defensores de Noriega, se inclinó por el diálogo entre gobierno y oposición, “siempre y cuando cesara la agresión militar y económica de EU”; ello para ganar tiempo y aliviar la presión. Incluso se atrevió a definir su posición ideológica sobre los derechos humanos y la democracia, alegando que los viejos conceptos eran utilizados por los organismos (léase CIDH), como “instrumentos de sustentación e imposición de estructuras y privilegios que, directa y definitivamente, cercenan la vigencia de otros derechos humanos”. Como era previsible, la gestión de la OEA fracasó.
Noriega (igual que Maduro) engañó a quienes intentaron solucionar la crisis. Su peor error fue declarar un “estado de emergencia” para enfrentar “una guerra no declarada de EU”. La Asamblea lo designó jefe de gobierno y le otorgó“poderes extraordinarios” para enfrentar la guerra no declarada. Pero cuando esta se desencadenó, huyó y se escondió hasta que se entregó a sus antiguos jefes, en la Nunciatura de Panamá, el 3 de enero de 1990.
