El presidente, Martín Torrijos, expresó hace pocos días en una entrevista, que se estudiarán las medidas que deben adoptarse para preservar la salud y la estabilidad financiera de la Caja de Seguro Social (CSS). Aunque muchos panameños –unos a sotto voce y otros públicamente– ya han enunciado diferentes soluciones, es prudente que el señor Presidente haya señalado la necesidad y la conveniencia de sopesar antes de aplicar los remedios pertinentes.
Panamá no es el único país con problemas de esta índole. En una nación tan poderosa como Alemania, se logró, luego de múltiples discusiones, cobrar la suma de dos euros, equivalentes a unos dos balboas con 50 centésimos por consulta, con la finalidad de que el que acuda a un médico lo haga por motivos de real necesidad. En otros países, como Francia, se está utilizando el método de cobrar una suma casi simbólica por las medicinas que recetan los médicos de la seguridad social, también con el fin de que se restrinja el uso incontrolado de medicamentos por parte de los usuarios de esos costosos servicios.
Uno de los graves problemas económicos que confronta en nuestro país la seguridad social, es el número de cuotas exigidas para adquirir el derecho a la jubilación. Mientras que en muchos países se exigen actualmente 30 y 35 años de cuotas, en Panamá todavía continuamos con el viejo y reducido número de 15 años, es decir, 180 cuotas. Este criterio, así como el de la edad para la jubilación, se basaban en los índices de mortalidad existentes en la ya lejana época en que se creó el Seguro Social. Si en aquel entonces el promedio de vida estaba en 42 años, felizmente hoy el índice está en una escala muy superior ya que pasa de los 70 años y con tendencia a subir. Sabemos que el método comparativo no resulta grato a muchos, pero lo cierto es que en la mayoría de los otros Estados modernos, las jubilaciones se reciben a los 65 años para los hombres y a los 62 años para las mujeres. El otro aspecto que debería revisarse con urgencia es el de las jubilaciones especiales, que no hacen más que perpetuar privilegios que son a todas luces contrarios al principio de la igualdad constitucional, y por ello vemos que hay trabajadores precoces que obtienen su pensión cuando todavía no han cumplido los 50 años.
No es mi propósito seguir mencionando las otras posibles medidas que inevitablemente tendrán que adoptarse, tal como el aumento de la cotización tanto por parte de los patronos como por parte de los empleados, ya que todo ello será sin duda objeto de un cuidadoso y completo estudio que llevarán a cabo analistas expertos en estas materias. Lo que deseo señalar es que ojalá la oposición no quiera aprovechar esta situación –que interesa y afecta a toda la comunidad panameña– para llevar agua a su molino particular y así adoptar posiciones puramente demagógicas. El gobierno anterior tenía la obligación de tomar esas urgentes medidas, tal como expresó el nuevo Presidente, pero no lo quiso hacer porque sintió que ellas le podían afectar electoralmente. Por lo tanto, ante tal inacción, le corresponderá al actual mandatario asumir la responsabilidad de salvar la institución y seguramente las medidas que se vea obligado a adoptar no serán populares. Ahora es cuando la oposición tendrá que demostrar que acepta que los intereses de la patria están por encima de los intereses del partido y de los políticos. Varios miembros de la oposición dijeron el 1 de septiembre que harían las críticas al actual gobierno, poniendo por delante el beneficio del país. Ahora, frente a este tema que es de impostergable interés nacional, es cuando tiene que comportarse como leal oposición, pero no del gobierno, sino leal con la nación y en beneficio de la salvaguarda de una de sus instituciones más preciadas. Sería conveniente que la clase política, sin distingos de banderías, sino como conductora de la sociedad, acordase un pacto o acuerdo de Estado para asumir colectivamente la salvación de tan importante entidad. Aun cuando a la oposición siempre le convenga explotar la impopularidad del gobierno, en este caso particular nos jugamos el destino de la Caja de Seguro Social de la cual, en una u otra forma, dependemos todos los panameños. Nobleza obliga.
