Una de las pocas instituciones del país que sobrevivió a la voracidad del expresidente Ricardo Martinelli y de su “círculo cero” fue el Canal de Panamá. A Martinelli le correspondió designar a ocho de los 11 miembros de la junta directiva, incluido el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, ratificado en el cargo por el actual presidente, Juan C. Varela, en reconocimiento a su desempeño desde que fue designado como directivo, en 1998.
Pero cuando el expresidente Martinelli nombró, en febrero de 2013, a Alberto Vallarino, Lourdes Castillo y Henri Mizrachi las alarmas se activaron, particularmente por los dos últimos, a quienes en la comunidad marítima se les consideró representantes de los intereses de Martinelli en el Canal. Ese interés del pasado gobierno de manejar la vía quedó develado en nota enviada en 2011 por Valter Lavítola al entonces secretario privado del expresidente Adolfo de Obarrio, en la que le recordaba: “En un año debe haber un nuevo administrador del Canal, y sería bueno empezar a pensar quién podría ser un buen candidato que le gustase al capo”.
La iniciativa pareció tener eco, pues uno de los directivos del “círculo cero” se reunió a fines de 2013 con un sindicato brujo de trabajadores canaleros y estos le “pidieron” liderar un movimiento en la junta directiva para reemplazar al administrador. En realidad, la agenda de la reunión habría sido planificada. Según fuentes sindicales, la conspiración habría sido coordinada por un miembro de la junta de relaciones laborales. Ese mismo directivo violó la ley orgánica y el código de ética cuando divulgó–públicamente y con sesgos– información privilegiada y de uso confidencial de la directiva. Por fortuna, el intento de controlar el Canal fracasó cuando el candidato presidencial de la alianza liderada por Cambio Democrático fue derrotado en las elecciones de mayo de 2014.
Comento este episodio negro de la ACP para referirme a la inminente designación del directivo que reemplazará a Bolívar Bárcenas, quien renunció en junio de 2014, y de los reemplazos de Ricardo De la Espriella, Guillermo Chapman y Adolfo Ahumada, cuyos términos de nueve años vencen en junio de 2016. A diferencia del directivo que ilustra lo que no debe ser un miembro de la directiva del Canal, estos tres han desempeñado sus funciones con ejemplar patriotismo. Su gestión ha estado en sintonía con el interés nacional, entendido como “la defensa y promoción de los objetivos naturales y esenciales de un Estado en los ámbitos político, económico, social y cultural”. La directiva es el máximo organismo rector de la agencia, y sus funciones van desde la designación, supervisión y remoción del administrador, fijar los sistemas de arqueo y peajes, con sus respectivos reglamentos, hasta la de “aprobar las políticas sobre la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, que complementen el funcionamiento del Canal, por la autoridad directamente o por concesión a terceros”. En esta vena, el Canal ampliado abrirá al país enormes oportunidades, situación que requiere de sus directivos un profundo conocimiento del mundo marítimo.
Uno de los 11 cargos de la junta directiva es designado por el Presidente de la República con el rango de ministro para Asuntos del Canal, otro lo es por el Órgano Legislativo y los restantes nueve por el Presidente, con el acuerdo del Gabinete y la ratificación de la Asamblea. La ley orgánica establece requisitos generales para ser director de la ACP. Estos se limitan a ser panameño “con reconocida probidad”, no haber sido condenado por el Órgano Judicial, no tener parentesco entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y poseer título aniversario.
Considero que en una nueva época y circunstancias más exigentes en materia de competitividad, los requisitos deben afinarse para que los nuevos directores tengan algún grado de familiarización con el Canal y la industria marítima. Me preocupa que algunos políticos sin mayores conocimientos hayan expresado su aspiración de reemplazar a Bárcenas. Previsiblemente, esta designación deberá hacerla la Asamblea en su próximo período legislativo. Lo ideal es que ni esa ni las demás vacantes que se produzcan a futuro se manejen con criterio politiquero.
Fueron los temores de que el Canal en manos panameñas fuese botín de los políticos, como lo intentó hacer el pasado gobierno, los que inspiraron los diálogos nacionales que concluyeron con un título constitucional y una ley orgánica, ambos apoyados por los más diversos sectores de la sociedad. El riesgo que, por fortuna, superamos gracias a la sabiduría del pueblo, nos impone una revisión de ambos instrumentos para fortalecer el blindaje y adecuar el manejo de nuestro principal recurso a las nuevas realidades. En el ínterin, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional deben actuar con responsabilidad histórica, protegiendo los intereses de Panamá al designar a los futuros directivos del Canal.