Había planeado este artículo desde hace tiempo, pero no fue hasta el sábado 17 de octubre que decidí escribirlo, luego de escuchar por enésima vez al distinguido jurista y docente universitario Miguel A. Bernal, hablar en el Noticiero Omega, de Omega Stereo, sobre el rol del ciudadano. Y es que Bernal ha venido exhortando a los nacionales de este país a que asuman su deber ciudadano de activarse en la defensa de la democracia y en la lucha contra la corrupción, no importa que esta se quiera amparar bajo pretendidas autonomías o blindajes inconstitucionales.
La Real Academia Española, en la acepción que he elegido para este escrito, define al ciudadano como “persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes”, y al habitante como “cada una de las personas que constituyen la población de un barrio, ciudad, provincia o nación”. El ciudadano suele conocer sus derechos y deberes constitucionales, ser consciente de su nacionalidad y defender los intereses de su país, mientras que el habitante desconoce sus derechos o los conoce a medias, tiene escasa conciencia de su nacionalidad y, por ello ignora y menos defiende, el interés nacional.
El ser ciudadano involucra un sentido de pertenencia a una colectividad, que inspira una actitud ético-política que lo induce a activarse, directamente, en las luchas o acciones que contribuyan a resolver problemas comunes. En cambio, el habitante ocupa un espacio y solo decide activarse cuando ve afectado su interés personal, ya sea por inundaciones, falta de agua u otros servicios públicos. Para Juan Eduardo Erices, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el ciudadano es piedra angular en la conformación de un Estado. “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes”, decía hace poco más de 2000 años el jurista, político, filósofo y orador romano Marco Tulio Cicerón.
En Panamá, fueron ciudadanos los que protagonizaron el movimiento inquilinario de 1925; jóvenes con sólido criterio ciudadano participaron en la gesta del 9 de enero de 1964, y panameños comprometidos con la democracia y la justicia, los que protagonizaron la Cruzada Civilista contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Pero, pasada esta cruzada, se ha producido un creciente distanciamiento de los panameños, sobre todo de las clases populares, para luchar contra la corrupción, a favor del imperio de la justicia y por la recuperación de la institucionalidad democrática.
La razón, a mi juicio, de esta falta de conciencia de sus deberes de la gran mayoría de la población radica en un sostenido deterioro de los valores éticos y morales, hecho que ha coincidido con el gradual abandono de la enseñanza de valores humanos en el sistema educativo. Si la educación pública ha sido deficiente en la formación académica, lo ha sido aún más en la enseñanza de la cívica y en la formación de habilidades blandas (ética, cumplimiento de asignaciones, puntualidad, honradez, actitud positiva, etc.).
Durante el periodo democrático posinvasión, la inmensa mayoría del pueblo pasó de ser ciudadano a simple habitante. El estudio Cultura política de la democracia en Panamá, 2010, realizado por Orlando J. Pérez, de la Universidad Central de Michigan, y Mitchell Sellingson, de la Universidad de Vanderbilt, para el Centro de Iniciativas Democráticas, señala que apenas el 4.8% de los encuestados había participado en manifestaciones en los 12 meses anteriores. Ese porcentaje es el cuarto más bajo entre los 25 países incluidos en el Barómetro de las Américas. Argentina, con 15.4%, y Estados Unidos, con 13.5%, encabezan la lista. Peor aún, en la encuesta sobre participación en reuniones de gobiernos locales, Panamá ocupó el último lugar.
¿Qué fenómeno ha producido este distanciamiento, sobre todo de las clases populares, de las luchas cívicas? Considero que es la combinación de varios factores, comenzando por el abandono de la enseñanza de la cívica en el sistema educativo, pasando por el desprestigio de la clase política (las clases populares no parecen distinguir entre sociedad civil y partidos políticos), y terminando con la indiferencia de algunas organizaciones populares hacia esas luchas con base en manidos criterios ideológicos. Un país así poblado constituye un caldo de cultivo para que se repitan gobiernos como el que derrotamos en mayo de 2014.
La construcción de ciudadanía es uno de los desafíos más urgentes en el mundo actual, expresó en reciente artículo titulado “Conceptos de ciudadano, ciudadanía y civismo”, Francisco Lizcano Fernández, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la participación ciudadana, a través de la sociedad civil, lo que genera capital social en un país. Superado el desastre institucional y de valores del pasado quinquenio, Panamá pasa por una coyuntura favorable para estimular la formación de ese capital social, tan necesario para fortalecer la democracia. En esta asignatura pendiente, idealmente, deben aunar esfuerzos el Gobierno, la sociedad civil y las organizaciones empresariales y populares.