Aunque no soy economista, por vocación soy fanático de la economía desde los tiempos en que John Kenneth Galbraith, Raúl Prebisch y Enrique Iglesias, entre otros, debatían los modelos de desarrollo en la década de 1970. Ese interés me llevó a participar en más de media docena de seminarios sobre periodismo económico, incluyendo uno realizado por el Incae en agosto de 1973, en el que a mi equipo le tocó analizar el caso de Venezuela, país dependiente entonces, y aún hoy día, del petróleo.
De allí que siga muy de cerca todo lo que ocurra con el manejo de nuestra economía y las finanzas públicas. Por ello leí como sumo detenimiento el Análisis de la evolución de la deuda pública panameña, período 1990-2014, realizado por el prestigioso economista Adolfo Quintero. Del mismo, rescato como elemento que me llamó la atención la conclusión de que el irresponsable manejo de las finanzas públicas por el gobierno de Ricardo Martinelli ha puesto en riesgo el grado de inversión alcanzado por Panamá a principios de 2010. El grado de inversión permite al país intereses más bajos de financiamiento, mejores precios y mayor demanda de sus valores (letras, bonos y acciones) y como un imán de la inversión extranjera.
Quintero le advierte al gobierno del presidente Juan C. Varela que si asume como propias las proyecciones de deuda pública formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas durante la gestión de Martinelli, para el período 2015 al 2019, se pondrá en peligro el grado de inversión que tiene Panamá y que ha sido el resultado del esfuerzo realizado por todos los presidentes desde Guillermo Endara (1989-1994) hasta Martín Torrijos (2005-2009). Ese riesgo sería mayor si la economía mundial no logra mejorar; aun en el mejor de los casos, el gobierno de Varela deberá mantener una rigurosa austeridad debido a las precarias condiciones en que encontró las finanzas públicas.
Endara recibió un país en ruinas, tanto económica como institucionalmente, con una situación de impago (default) con las instituciones financieras y el Club de París, pero su manejo de las finanzas fue tan responsable, con la evidente ayuda del contralor Rubén D. Carles, que para 1992 había cancelado la morosidad. Ello permitió, explica Quintero, “que Panamá pudiera lograr nuevos financiamientos para el plan de desarrollo económico y social que se estableció”. Al terminar su gestión, la deuda externa había crecido 32.3%.
Pérez Balladares dio continuidad al programa económico del gobierno anterior, logrando liberar desembolsos negociados con las IFI. “El país dio así muestras de continuidad en la gestión de Estado, independientemente de cambios de administración, lo cual dio una importante señal de confianza a nivel internacional”, subraya Quintero, quien apunta como un logro importante la emisión de los bonos Brady. Esto permitió reducir la deuda en $828 millones. Otro factor que fortaleció las finanzas públicas fue la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (Ley 20 de 15 de mayo de 1995), con el producto de la privatización de empresas públicas y del pago inicial de concesiones administrativas. Bajo ese gobierno la deuda aumentó 0.65%.
La gestión de Mireya Moscoso fue afectada por la crisis económica global, al punto que cayeron los ingresos tributarios y la inversión extranjera directa. Por ello debió apelar a medidas anticíclicas, incluidas la emisión de bonos globales y la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Al término de su gobierno la deuda externa subió 19.2%. Con la visión estratégica de lograr el grado de inversión, Martín Torrijos modernizó el régimen fiscal y el sistema de seguridad social, y emitió el bono global 2036, logrando reducir el interés promedio de 9.14% a 6.7%. Al concluir su gestión la deuda externa aumentó en 19.2%, pero disminuyó la relación deuda-PIB del 70.3% en 2004 al 45%.
En contraposición, Martinelli reemplazó la política de Estado por política de gobierno, llevando al país a niveles de endeudamiento jamás vistos. En su período, la deuda pública aumentó en 63.3% y la deuda interna tuvo el crecimiento más alto de la historia (132.9%). Ese cálculo, observa Quintero, no contempla la deuda de los proyectos llave en mano (más de $6,000 millones), ni las incurridas por tres empresas públicas excluidas, de forma conveniente, del sector público no financiero (Etesa, ENA y Tocumen, S.A.). De sumarse estos compromisos, la deuda contraída por Martinelli no solo duplicaría el saldo de la deuda de Panamá en cinco años, sino que sería la más alta en la vida republicana.
La irresponsabilidad del pasado gobierno fue tal que de enero a marzo de 2014 –en plena campaña electoral– contrató deuda por más de $1,331 millones; es decir, en tres meses se endeudó el equivalente a un año. Gran parte de este exabrupto, a mi juicio, lo comparten las IFI que, a sabiendas de las reformas introducidas a la ley de contrataciones públicas para privilegiar las contrataciones directas, aprobaron créditos que en buena parte se esfumaron en las manos de los allegados al pasado gobierno. El precio de semejante irresponsabilidad deberá pagarlo el pueblo panameño.