El proyecto de ampliación del Canal ha estado plagado de contratiempos desde sus inicios, en particular su componente principal: el tercer juego de esclusas. ¿Cuál ha sido la causa de estos conflictos? ¿Ha sido únicamente responsabilidad del contratista? ¿Ha habido responsabilidad por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)? Es difícil pensar que sea únicamente la responsabilidad de una de las partes. Hay que señalar que todo proyecto grande es susceptible a contratiempos, pues cualquier problema tiende a multiplicarse en tamaño, costo y tiempo.
El proyecto del tercer juego de esclusas fue objeto de muchos debates desde un principio. En primer lugar, se debatió si debía de ser diseñado por la ACP y construido por un tercero. Luego se decidió que sería diseñado y construido por el contratista; esta decisión se basó en que el contratista tendría que asumir la responsabilidad de los diseños y sus respectivos riesgos. Como consecuencia, los mecanismos de licitación fueron muy complejos, lo que provocó que aún a la fecha muchos no comprendan y cuestionen la selección del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), especialmente porque lo encabezaba la española Sacyr. Y es que como cada uno de los tres consorcios proponía su propio diseño, las propuestas fueron muy diferentes, al igual que su costo.
El proceso de licitación de mejor valor fue prístino, y así lo confirmó la auditoría de la firma Deloitte. La Junta Técnica de Evaluación se dividió en tres equipos técnicos, que fueron aislados de cualesquier influencia, y todos concluyeron en que la mejor propuesta técnica, que representaba el 55% de los puntos, era la de GUPC. El restante 45% de los puntos se asignaba al precio. El resultado de la suma del 100% de los puntos eligió al ganador. El administrador no tenía potestad de decisión por encima de dicho resultado. A pesar de ello, en el ambiente subyacían inquietudes por los problemas financieros y el cuestionado historial de Sacyr. Cuando la ACP suscribió el contrato, en julio de 2009, con GUPC recién se iniciaba la crisis financiera de Estados Unidos, que terminó afectando al resto del mundo. Ello contribuyó a agravar la situación de empresas que, como Sacyr, confrontaban problemas de liquidez y crédito, impactando a muchos proyectos de infraestructura en el ámbito internacional. Las relaciones de la ACP con GUPC se agudizaron debido a que los ejecutivos no atinaban a comprender que la empresa canalera se rige más por parámetros anglosajones, estrictamente regulados, que con el esquema de adendas y sobrecostos.
A todas luces, GUPC esperaba que una vez firmado el contrato sería fácil introducirle cambios que, en la mayoría de los contratos gubernamentales, se suelen resolver con adendas. Esto no fue así, pues la ACP no ha cambiado en nada el concepto del tercer juego de esclusas, manteniendo los requisitos básicos delineados en el pliego de condiciones, que luego se convirtió en el contrato. Pareciera ser que al no recibir adendas como pensaban que ocurriría, GUPC optó por presentar una cantidad masiva de reclamos con sumas en apariencia abultadas, en consecuencia ambas partes incurren en enormes gastos legales. Hasta agosto de 2015, GUPC había presentado 115 notificaciones de reclamos por unos $3 mil 300 millones. Un ejemplo ilustra la calidad de muchos de esos reclamos: a raíz de las inundaciones causadas por “La Purísima”, en diciembre de 2011, GUPC reclamó $41 millones por presuntas afectaciones; al resolverse, la Junta de Resolución de Conflictos no le reconoció ni un centavo.
Esa censurable política se ha agravado con la práctica recurrente del contratista, ya sea a fines o principios de los últimos años, de amenazar con paralizar las obras reclamando demoras en los pagos por la ACP. Esta práctica pareciera dirigida a resolver problemas financieros al término del año fiscal. La administración canalera ha negado, con pruebas, haber incurrido en retrasos en el pago de cuentas que cumplan con los procedimientos establecidos en el contrato.
Viendo en retrospectiva el proyecto, considero que hubo un tema que se subestimó y es el valor del lucro cesante y las penalidades por demoras. Esto, debido a que nadie se imaginó que un proyecto cuyo contratista se comprometió a terminar en octubre de 2014 aún esté en veremos. Las penalidades por demora o incentivos por terminar antes se calcularon sobre una base máxima de seis meses. O sea que, pasados esos períodos, el costo de la demora ha sido absorbido por la ACP, a menos que los abogados vayan a presentar reclamos para cubrir el lucro cesante por incumplimiento de GUPC. Lo cierto es que el Canal ha dejado de percibir cerca de un millón de dólares adicionales diarios por más de dos años. En conclusión, habrá que hacer un análisis forense exhaustivo, una vez el proyecto esté concluido, para revisar todo lo actuado, los aciertos y desaciertos, y las áreas en que podemos mejorar para el futuro desarrollo de megaproyectos. Lo más importante ahora es terminar la ampliación. Si GUPC tiene limitaciones financieras o técnicas que le impiden concluirla, debe reconocerlo y abandonar la obra para que la ACP la termine. El administrador ha señalado que esa agencia está en capacidad de concluirlo con éxito. Este proyecto es de todos los panameños y el pronto inicio de operaciones del Canal ampliado es vital para el desarrollo marítimo y logístico del país.
