Durante los primeros 96 años de vida republicana, los panameños nos unimos hacia el logro de un gran objetivo nacional: la recuperación del Canal y de la colonia denominada Zona del Canal. Esto no solo implicaba la recuperación de la soberanía sobre esa franja, sino de nuestro principal recurso, la posición geográfica. Este proceso se comenzó a cumplir en 1977 con la firma de los tratados Torrijos-Carter, avanzó con su ejecución el 1 de octubre de 1979 y se perfeccionó con la entrega del Canal al soberano, el 31 de diciembre de 1999.
Hoy el gran objetivo nacional está centrado en el óptimo aprovechamiento de nuestra posición geográfica para beneficio de Panamá y los panameños. Ese objetivo está contenido en la Estrategia Marítima Nacional, aprobada mediante Resolución de Gabinete No. 3, del 28 de enero de 2004, y actualizada por la Resolución de Gabinete No. 79, de 24 de junio de 2009. Pero igual como ocurrió en los primeros 96 años, ahora el logro de este nuevo objetivo enfrenta poderosos obstáculos, tanto internos como externos.
Para viabilizar ese fin, es requisito fundamental, no solo que el Canal se mantenga aislado de intereses político-partidistas, sino que su máximo cuerpo rector –la junta directiva– esté conformada por ciudadanos íntegros conocedores de la industria, y con el coraje para impulsar la estrategia marítima. En 1996, durante el diálogo de Coronado “Panamá 2000”, Fernando Manfredo, exadministrador de la Comisión del Canal, señaló que el perfil para ser directivo debía incluir conocimientos de la industria y, al menos, uno debía tener experiencia en educación marítima.
Hoy la directiva de la ACP la conforman cuatro ingenieros (Roberto Roy, presidente, José Sosa, Henri Mizrachi y Nicolás Corcione), dos banqueros (Ricardo de la Espriella y Alberto Vallarino), dos empresarios (Marco Ameglio y Lourdes Castillo), un abogado (Adolfo Ahumada), un economista (Guillermo Chapman), y un político (Elías Castillo, designado por la Asamblea Nacional). Los periodos de Ahumada, de la Espriella y Chapman –tres excelentes directivos– expiran en pocas semanas; ello implica que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, deberá designar a sus reemplazos para que sean ratificados por la Asamblea Nacional. Previendo que la ACP sea elemento clave en el aprovechamiento de las oportunidades derivadas del tráfico de naves, el título constitucional (Art. 319) asigna a la junta directiva la facultad de “otorgar concesiones para la prestación de servicios a la Autoridad del Canal de Panamá y a las naves que lo transiten”. Esta norma es desarrollada por la Ley Orgánica (Art. 18), que faculta a la junta directiva de la ACP a “aprobar las políticas sobre realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, que complementen el funcionamiento del canal, por la Autoridad directamente o por concesión a terceros”.
De allí la importancia de que el Ejecutivo ejerza sabiduría al considerar candidatos para llenar esas tres vacantes. Panamá cuenta con muchos profesionales probos que han dedicado su tiempo y talento a estudiar la industria marítima global y la estrategia que debe seguir Panamá para consolidar su liderazgo entre las rutas preferidas por el comercio mundial. Quienes sean designados no deben ir a aprender lo que es el Canal y su rol en la industria marítima; deben ser figuras que, como anticipó Manfredo, en 1996, conozcan la industria, el rol que juega el país en el comercio mundial, estén familiarizados con la estrategia marítima y dispuestos a impulsarla. Consciente de ello, el Movimiento Independiente advirtió en un comunicado emitido el 3 de febrero que “para que la ACP siga cumpliendo con su gestión crucial, resulta instrumental la calidad de los miembros que integran su directiva”. Y expresó su preocupación porque ella “se ha visto afectada por algunos nombramientos y graves cuestionamientos a uno de sus miembros, que todavía no han sido investigados”.
En Panamá contamos con muchos ciudadanos con la integridad, conocimientos y el coraje necesarios para impulsar, desde la junta directiva de la ACP, las acciones que lleven a esa agencia a asumir el liderazgo en el aprovechamiento de nuestra posición geográfica. Los hay en la Apede, organización que jugó un papel clave en el título constitucional y la Ley Orgánica de la ACP, así como en el diseño de la estrategia marítima, la Cámara Marítima, el Consejo Empresarial Logístico, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo y en el ámbito académico.
La Apede ha propuesto a Carlos Ernesto González de la Lastra, profesional de impecable trayectoria en el campo marítimo, para que sea designado en la directiva. En el ámbito jurídico hay juristas como Ricardo Alberto Arias, Guillermo Márquez Amado y Octavio Nahmad, y expertos en logística y en el área académica como Rodolfo Sabonge, Orlando Allard, Alberto Alemán Zubieta, Dagmar de Álvarez y Fernando Aramburú Porras, que darían valiosos aportes en la actual coyuntura. Confío en que el presidente actuará en consecuencia con su plan de gobierno designando en la directiva de la ACP a ciudadanos comprometidos con el objetivo de convertir a Panamá en un gran centro logístico y comercial.
