Prácticamente, cuando ya están adjudicados todos los contratos principales para la ampliación del Canal, la Autoridad del Canal ha obtenido ahorros por cerca de $400 millones en comparación con el costo estimado para dichas obras.
¿Por qué se han producido estos ahorros? Jorge Quijano, vicepresidente ejecutivo para la ampliación del Canal, lo explicó a la revista Recursos: “Entre otros factores, ello se debe a la transparencia en las licitaciones y a la forma consistente y oportuna como la ACP paga a sus contratistas”.
Ese manejo ha estimulado la competencia entre empresas nacionales e internacionales, lo que se ha traducido en economías sin sacrificar la calidad de las obras. La clave es un sistema moderno de licitaciones manejado de forma profesional y transparente.
En contraposición está el manido mecanismo de contrataciones directas, practicado con frecuencia por otras instituciones del gobierno, lo que abre la oportunidad a prácticas corruptas.
Estudios sobre prácticas corruptas realizados por Transparencia Internacional (TI) indican que “la contratación pública es el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos” de los gobiernos. Según TI, “un promedio del 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno”. Las prácticas corruptas tienen en las contrataciones directas su mejor aliado.
Bajo el gobierno de Martín Torrijos abundaron las contrataciones directas; más de $540 millones, incluida la eliminación de fibra de vidrio en planteles escolares en donde no existía, fueron otorgados por esa vía. De ese total, unos $150 millones lo fueron bajo el Prodec, que se financia con fondos aportados por el Canal. Pero la irregular práctica sigue bajo la actual administración, pese a las promesas de campaña.
En los primeros 13 meses de este gobierno se han adjudicado bajo esta fórmula cerca de $400 millones. Aunque el Gobierno ha justificado algunas, no hay razón válida para que imperen las contrataciones directas en un mundo en el que los proyectos suelen ser programados con sobrada anticipación.
¿Por qué en el Canal de Panamá rige un sistema transparente de contrataciones, mientras que en el resto del Gobierno se evade el cumplimiento de la Ley de Contrataciones? En primer lugar, considero que es cuestión de gente y, en segundo lugar, de sistema. En el Canal el mecanismo de contrataciones es administrado por personal reclutado en base a sus méritos, mientras que en el Gobierno impera el clientelismo, sin importar la calidad profesional ni moral del individuo.
Los oficiales de contratos de la ACP son especialistas en compras que disfrutan de una carrera administrativa libre de influencias políticas. Se rigen por los artículos 52-56 de la Ley Orgánica de la ACP y por el reglamento de contrataciones, y están sujetos a normas de integridad y ética. Sus decisiones de compras son monitoreadas por controles informáticos que permite detectar cualquier favoritismo en las adjudicaciones.
A la menor señal de alarma se investiga, y el oficial que viole las normas enfrenta sanciones que pueden llegar hasta su destitución y denuncia penal. Además, cuando una empresa considera que ha habido irregularidades, puede presentar una protesta que debe ser resuelta en 30 días.
En la ACP no existen las cuestionadas “adendas”, recurso que ha sido utilizado para inflar precios y favorecer a empresas. Hay en cambio “modificaciones” al contrato que aplican especialistas para corregir imprevistos que puedan afectar el costo final de las obras; pero las mismas están limitadas a lo estrictamente necesario para ejecutarlas.
Es más, desde que se comenzaron a licitar las obras de la ampliación y se aplicaron los nuevos procesos de administración de proyectos, las modificaciones siguen un riguroso examen en que se consideran los impactos en el alcance de otros proyectos, sus cronogramas, calidad, costos, presupuestos, revisión de la matriz de riesgo y, además, se requiere que personal de jerarquía avale las modificaciones.
Las compras directas no están contempladas en el reglamento de la ACP y sólo está permitido restringir la competencia en casos de urgencia evidente o por razones de marca, fabricante o suplidor específico, siempre y cuando un informe técnico así lo sustente. Pero en todo caso, el proceso está abierto a protesta de potenciales contratistas.
Impresionado por este sistema, el Ministerio de Educación logró la asesoría de la ACP para implementar un sistema de contrataciones que le permita tener las escuelas a tiempo para el inicio del período lectivo.
