Confieso haber abrazado con entusiasmo y optimismo la propuesta del “cambio”, liderada por el hoy Presidente de la República, Ricardo Martinelli. Esa actitud como ciudadano se sustentó en sus promesas electorales, las cuales fueron satisfechas en parte durante los primeros meses de su gestión, con acciones alentadoras en la lucha contra la corrupción y en el enderezamiento de entuertos dejados por el pasado gobierno.
Pero, lamentablemente, ese optimismo comenzó a cambiar al observar el interés obsesivo del Presidente por asumir el control sobre los otros órganos del Estado llamados a ejercer algún grado de supervisión sobre el desempeño del Ejecutivo, incluyendo a la Contraloría General. Y al hacerlo ha ignorado una de sus más caras promesas de campaña. Ese empeño obsesivo ha llevado al Presidente, con el manso respaldo de un Órgano Legislativo totalmente subordinado, a asaltar literalmente al Órgano Judicial y a crear condiciones para hacer lo propio con el Tribunal Electoral. Como veo las cosas, el próximo paso de esta estrategia contraria a los intereses nacionales, es el de tomar absoluto control de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la única institución del país que funciona al nivel del primer mundo.
Cabe apuntar que el éxito del Canal en manos panameñas se debe a que, gracias a iniciativa del ex presidente Guillermo Endara en la década de 1990, como resultado de un proceso de concertación nacional, se aprobó un título constitucional para proteger al Canal de la voracidad de los políticos y una ley orgánica que desarrolla los principios constitucionales que le otorgan autonomía a esta agencia. La transparencia y eficiencia de la ACP se sustentan en sistemas de administración de personal, contrataciones y operación aprobados por su junta directiva.
No pretendo elaborar sobre la forma arrolladora como el Ejecutivo ha logrado sus objetivos en la Contraloría, la Corte y la Procuraduría, pues ya lo han hecho juristas de reconocido prestigio. Sí cabe observar que en el caso de la procuradora Ana Matilde Gómez, ésta ha sido removida del cargo por la mayoría oficialista de la Corte Suprema basándose en una denuncia presentada por un ex fiscal a quien la procuradora destituyó por “coimero”.
El escenario que se nos presenta ahora con la ACP es tan preocupante como el de la procuradora, por cuanto al Presidente le corresponderá reemplazar a tres directivos (Mario Galindo, Guillermo Quijano y Antonio Domínguez), cuyos periodos concluyen en febrero de 2010. La junta directiva de la ACP está integrada por 11 miembros, incluido su presidente (Rómulo Roux), de los cuales cinco –tres designados por Mireya Moscoso y dos por Martinelli y la actual Asamblea Nacional– son afectos al actual gobierno. Ello le permitirá al Presidente contar con una mayoría de ocho de los 11 miembros de la junta directiva.
A la nueva junta directiva que resulte de las designaciones indicadas le corresponderá nombrar en 2012 al administrador que reemplazará a Alberto Alemán Zubieta. Éste no podrá ser reelecto en el cargo, pues –lamentablemente– el artículo 24 de la ley orgánica de la ACP solo permite una reelección inmediata. Alemán Zubieta fue reelecto en 2005 y su periodo concluye el 22 de agosto de 2012.
Como la actual, la nueva junta directiva tendrá la potestad de modificar el sistema de mérito que rige en el Canal para el reclutamiento de personal y los ascensos, así como el de contrataciones y el de operaciones. Y al próximo administrador le tocará continuar lo que ha sido un impecable manejo del Canal, tanto en su aspecto operativo como administrativo. De emularse los censurables casos comentados, resulta previsible que se tomen decisiones que conviertan en una caricatura el sistema de méritos y el de contrataciones, para colocarlos al nivel de los que rigen en el resto del gobierno.
De allí que se requiera una gran dosis de responsabilidad y sentido común en las designaciones de los miembros de la Directiva y del próximo administrador del Canal. Algo que, lamentablemente, no han demostrado quienes dirigen los destinos del país. En consecuencia, apelamos a un activo rol de las organizaciones que impulsaron en 1990 el título constitucional y la ley orgánica de la ACP para proteger los acuerdos de aquella concertación nacional. De otra suerte, correremos el riesgo de que el Canal de Panamá deje de ser el instrumento de desarrollo que es hoy día, para convertirse en un botín político más.
