Con pitos, pancartas, megáfonos y bajo un candente sol, más de 50 indígenas cerraron ayer la Vía Interamericana, a la altura de San Félix, exigiendo el desarrollo minero de esta región. La vía fue reabierta a las 3:00 p.m.

Los manifestantes también solicitaban participar en la mesa del diálogo minero que se realiza en la Asamblea Nacional.

La presidenta de la Asociación por los Derechos y Desarrollo Social del pueblo Ngäbe, Adriana Sandoya, explicó que el grupo que lidera exige la suspensión de la mesa del diálogo hasta tanto no se les dé participación.

“En la comarca hay diversas opiniones y esa ley que se elabora nos llevará a una pobreza más profunda en nuestra región”, señaló.

Añadió que la lucha que mantienen es para que las poblaciones indígenas tengan un 50% de participación en las explotaciones mineras y no mineras en la comarca Ngäbe Buglé, al tiempo que negó que estén siendo financiados por inversionistas extranjeros.

En tanto, en la Asamblea Nacional,

Nuevamente el tema de la prohibición de las concesiones mineras e hidoeléctricas fue el punto de discusión que impidió el avance en el debate de la propuesta de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Bugle analizada ayer en la Comisión Ad Hoc que estudia reformas a la ley minera.

Aunque se aprobó de manera consensuada el artículo tres de la propuesta que restringe un poco el uso del recurso hídrico sin limitar la construcción de hidrioeléctricas a futuro, la discusión terminó cuando se analizó el artículo cinco en donde los indígenas sugieren la cancelación de las concesiones mineras e hidroeléctricas a empresas nacionales y extranjeras y que esta restricción se aplique de manera retraoctiva.

De acuedo con Rogelio Montezuma esa es la propuesta que mantienen en firme por lo que espera que el debate del documento se reanude hoy en la Asamblea Nacional a partir de las 10:00 a.m.

En este sentido, el presidente de la comisión Ad Hoc, el diputado Fernando Carrillo indicó que es prácticamente imposible prohibir estas concesiones de manera retroactiva. “Una decisión en este sentido puede acarrearles al estado panameño reclamaciones millonarias por parte de las empresas que se sientan afectadas, porque afectaría a concesiones dadas dentro del marco de la ley vigente en su momento”.

En torno al rtículo tre consenduado señaló que no se pueden poner como país una espada de damocles para prohibir taxativamente la construcción de una hidroeléctrica, aunque sí se está condicionando mucho la explotación del recurso hídrico y la hidrografía de la comarca.