A partir del 2 de septiembre empezará a regir el sistema penal acusatorio en las provincias de Coclé y Veraguas, el cual reemplazará al actual sistema inquisitivo.
El tema fue evaluado por profesionales del derecho y estudiantes, en seminario organizado por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Colón.
Uno de los inconvenientes del nuevo sistema lo planteó Leonel Rosales, abogado litigante, quien asegura que la contratación de peritos criminalísticos y la realización de experticias resultarán muy onerosas para una defensa privada, al igual que para un sindicado y sus familiares, en contraposición con el Ministerio Público que sí cuenta con recursos para aportar a estos expertos.
Para Benedicto De León Fuentes, presidente del Círculo de Estudios Jurídicos de Panamá, los peritos tendrán un rol más protagónico debido a la obligación de presentar la prueba científica.
Tanto Rosales como De León admiten que el sistema penal acusatorio es un avance en la administración de justicia, pero este señala que desde que la ley se aprobó en la Asamblea Nacional, a los abogados les preocupa si existen los recursos económicos y de personal para ejecutarlo, y en realidad sobre el tema no se ha dicho nada.
