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DARIÉN. Alegando que hay dos resoluciones que se contradicen, el corregidor de Santa Fe, Jaime Rodríguez, dijo que no puede hacer cumplir la orden de desalojo de las nueve familias que habitan en tierras colectivas, en la comunidad de Arimae.
Explicó que una de las resoluciones que autoriza el desalojo es del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y la otra es del Juzgado de La Palma, que les otorga derecho posesorio sobre esas tierras. Advirtió que no actuará hasta que la Corte Suprema de Justicia falle, porque si desaloja podría ser demandado.
