Rolando Robinson, propietario de la empresa Taxi 25, que prestaba el servicio de transporte marítimo a turistas y vecinos de isla Colón, de Bocas del Toro a Almirante y viceversa, sigue en espera de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ordene la reinspección de su flota de lanchas.
A Robinson le fue suspendida la licencia de operación desde mediados de agosto de 2010 por la AMP, tras aducir que su permiso de operación estaba vencido y que debía cumplir con ciertos requisitos de seguridad para brindar un servicio óptimo.
Según Robinson, él ha cumplido con las exigencias de la AMP, pero a la fecha sigue en un limbo, ya que no se han acercado más a reinspeccionar el muelle y la flota para volver a operar.
En ese sentido, considera que esta institución está incurriendo en un silencio administrativo, lo cual también es un delito de parte del servidor público .
“Hemos cursado más de siete notas desde el 13 de agosto cuando nos hicieron la inspección y hasta la fecha no se nos ha dado ninguna respuesta, por lo que consideramos que esto no es más que una persecución política y un cerco económico contra mi familia, tan solo por ser hermano del diputado opositor Benicio Robinson”, dijo el empresario.
Según el afectado, el cerco económico que este gobierno le ha impuesto a su familia lo obligó a vender el bote “Mantarraya”, con que prestaba el servicio de transporte de material pétreo a las empresas que realizan construcciones en la isla de Bastimentos.
Todo ello, reveló, ha ocasionado que tuviera que despedir a más de 25 trabajadores de la dos empresas y sufrir pérdidas por más de 300 mil dólares.
