Cientos de nicaragüenses protestaron ayer contra la propuesta sandinista de reformar la Constitución del país para dar más poder al presidente, Daniel Ortega, y a los militares.
La manifestación, convocada por la organización no gubernamental Movimiento por Nicaragua, salió de la rotonda Hugo Chávez, en la avenida de Chávez a Bolívar, y culminó en las afueras de la Asamblea, donde los asistentes rompieron las vallas de seguridad resguardadas por un fuerte cordón policial, en medios de forcejeos, aunque sin mayores incidentes, según constató la agencia de noticias ACAN-EFE.
Los presentes portaban la bandera de Nicaragua y otras mantas y carteles con mensajes contra Ortega, a quien comparaban, entre otras cosas, con el exgobernante y dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle.
La protesta, en la que participaron dirigentes de los partidos opositores Liberal Independiente y Liberal Constitucionalista (PLI y PLC, respectivamente), estuvo enmarcada por gritos de rechazo a la propuesta de reforma parcial a la Constitución.
“Basta ya de dictadura”, “Basta ya de autoritarismo”, “Basta de violación a nuestros derechos”, “No a las reformas”, gritaban los nicaragüenses concentrados en el lugar.
La titular del Movimiento por Nicaragua, Violeta Granera, dijo a los periodistas que la propuesta de reforma constitucional planteada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional busca consolidar “un régimen dictatorial, excluyente y partidario”.
Según esa organización no gubernamental, las enmiendas “tienen como propósito la perpetuación en el poder de Daniel Ortega y su familia”, y son “un intento de sustituir el sistema de amplias libertades por otro de naturaleza totalitarista y fascista”.
En cambio, la diputada sandinista Alba Palacios, que preside la comisión especial que estudia las enmiendas, calificó la marcha de “partidaria”, porque los integrantes de los partidos de oposición superaban a la participación civil.
De acuerdo con el proyecto, Ortega puede obtener más poder con la propuesta de reforma constitucional en marcha, buscar la reelección indefinida y ganar los comicios en primera vuelta con la mayoría simple de votos, además de dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley.
La reforma, cuya aprobación parece imparable, debido a que el oficialismo cuenta con mayoría en el Legislativo, también otorgaría mayores facultades al ejército, que controlaría el espectro radioeléctrico y de telecomunicaciones, y sus oficiales generales podrían ocupar cargos públicos sin renunciar a su vida militar.
Tanto los militares como los órganos policiales del país han expresado públicamente su respaldo total al proyecto de enmiendas.
Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos 60% de los 92 diputados de la Asamblea; es decir, con 56 votos.
Actualmente, los sandinistas tienen 63 diputados, lo que les da la mayoría absoluta.
En un discurso ayer ante el pleno de la Asamblea, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, pidió a los diputados pensar en “el bien común” a la hora de decidir sobre la enmienda.
En tanto, la organización de derechos humanos Unidad de Nicaragüenses en el Exterior emitió un comunicado, en el que rechazó “las maniobras a las que el gobierno recurre para adaptar la Constitución según las conveniencias de Ortega, distorsionando el sistema democrático que aún sobrevivía en el país”.
